El Parlamento decidió el pasado jueves por mayoría absoluta instar «al Gobierno a que ubique inmediatamente en un único departamento todas las responsabilidades correspondientes a empleo y trabajo», como una medida para «poder garantizar» que «afrontará con efectividad y desde un punto de vista integral el compromiso de creación de empleo de calidad».

Sin embargo, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no tiene ninguna intención de obedecer al Parlamento en esta materia. Preguntado ayer sobre esta decisión de la Cámara autonómica, el portavoz del Gabinete, Josu Erkoreka, recordó que la organización del Gobierno es una competencia personal del lehendakari, al tiempo que consideró que la distinción entre los departamentos de Empleo y de Trabajo «tiene una lógica y una coherencia impecables».

Erkoreka sostuvo que «la Ley de Gobierno que está en vigor, aprobada por el Parlamento, habilita directa y expresamente al lehendakari para adoptar las decisiones organizativas que estime más convenientes en relación con la conformación de su Gabinete y la constitución del Ejecutivo». Y recordó que dicha habilitación viene fijada por una ley y no por «una resolución» con la adoptada el pasado jueves en la Cámara.

Añadió después el portavoz que «la fórmula actual tiene plena justificación. La responsabilidad sobre el empleo es una responsabilidad transversal que afecta a todos los departamentos del Gobierno, porque se trata de un compromiso compartido por ambos partidos. Y las competencias relativas al régimen laboral, o al trabajo, –explicó a continuación– son competencias más acotadas y previstas en la legislación laboral para el ejercicio de concretas funciones administrativas».

Acuerdo con De Andrés

En otro orden de cosas, Josu Erkoreka anunció que se había alcanzado un acuerdo con el delegado del Gobierno español, Javier de Andrés, para retirar el recurso presentado por Madrid ante el TSJPV contra el decreto que regula la contratación en el sector público vasco.

Lakua valora positivamente dicho acuerdo extrajudicial, porque asegura que el Gabinete Rajoy «reconoce explícitamente y respeta la capacidad de Euskadi para dictar sus propias normas en materia de contratación pública». Dicho reconocimiento es cierto pero el acuerdo aclara que «no puede apartarse de aquellos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público que tienen carácter básico».

Retirada, no «modificación»

El acuerdo consiste en la retirada del recurso y en que –según explicó Josu Erkoreka– «el Consejo de Gobierno aprobará este mes de febrero una modificación de uno de los apartados del artículo 4 (4.2.b) del decreto vasco para adaptarlo a los términos del acuerdo».

Lo que el texto del acuerdo recoge es que dicho apartado es «contrario» a la ley española de contratos públicos y no se modifica, se elimina. El punto retirado concedía a Lakua fijar la duración de las prohibiciones de contratar con el Gobierno, cuando no estuvieran determinadas por sentencia.