La magistrada Carmen Lamela enmarca los hechos del 15 de octubre del pasado año en Altsasu en «las rutinas de hostigamiento» a la Guardia Civil y atribuye a nueve jóvenes un «delito de terrorismo».

Lamela argumenta que los nueve jóvenes (hay otros dos menores) detenidos a raíz de la trifulca «conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados».

Una vez concluido el sumario, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española deberá ahora decidir si abre juicio contra estos nueve jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y los 24 años, y las partes presentarán sus escritos de acusación y defensa.

Los jóvenes que se pueden enfrentar a altas penas de cárcel por aquellos hechos son Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Oihan Arnanz, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Aritz Urdangarin y Ainara Urkijo. Los tres primeros continúan encarcelados en la prisión madrileña de Soto del Real.

Demanda mayoritaria desoída

La jueza Lamela concluye el sumario siguiendo los criterios de las asociaciones ultraderechistas españolas y desdeña las peticiones hechas por cientos de profesionales en Euskal Herria.

Esta misma semana más de 200 juristas, abogados y profesores de universidad han firmado un manifiesto conjunto en el que califican de «disparate» la consideración de la trifulca de Altsasu como «delito de terrorismo», y ayer fue dado a conocer en Iruñea otro manifiesto, en la misma línea, suscrito por más de un centenar de personas conocidas del ámbito social y cultural vasco. Entre los firmantes figuran 52 escultores y pintores, 33 escritores y bertsolaris, 14 periodistas, 7 deportistas, 3 feministas y 20 abogados, así como investigadores y profesionales de diversos ámbitos.

En la presentación del manifiesto recordaron que no son solo ellos quienes piden la eliminación de la calificación penal como «delito de terrorismo», sino que cerca de 20.000 personas ya lo reclamaron en la manifestación de Altsasu que fue apoyada por las principales instituciones navarras.

«Aberración judicial»

Tras conocer la decisión de la jueza Lamela, Sortu valoró que se trata de una «aberración judicial», al tiempo que exigió la libertad de los jóvenes que aún siguen encarcelados y «el cierre de este montaje policial que nunca debió llegar a la Audiencia Nacional».

«Todo vale para sabotear la paz y la normalización política. En este caso –añade Sortu–, de un altercado a altas horas de la noche se ha fabricado un sumario donde los imputados pueden acabar con largas condenas por delito de terrorismo. ¡Una auténtica barbaridad!».

A juicio de Sortu, este caso «y otros muchos en diferentes ámbitos del conflicto demuestran que el Gobierno del PP y la Audiencia Nacional se están comportando como auténticos enemigos de la paz».

También EA criticó duramente «la poca fundamentada y obsesiva insistencia de la jueza Lamela» de considerar este caso como «terrorismo», y añadió que su actitud «roza la prevaricación y el delirio».

«Se han vulnerado derechos civiles y sociales básicos de las personas detenidas, negándoles el derecho al Juzgado natural y dejando en entredicho las garantías procesales», afirmó EA, al tiempo que pidió «cordura e imparcialidad».

 

130 personas del ámbito social y cultural piden que se reconsideren las actuaciones judiciales

Casi al tiempo que se conocía el cierre del sumario se presentó en Iruñea un manifiesto firmado por 130 personas del ámbito social y cultural de Euskal Herria pidiendo la eliminación de la calificación penal como «delito de terrorismo», así como la devolución de la competencia al Juzgado de Iruñea y la puesta en libertad de los jóvenes que siguen encarcelados.

Los firmantes reclaman que «imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad», y solicitan a la Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Nafarroa que «reconsideren sus actuaciones». También piden a las administraciones públicas, medios de comunicación agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que colaboren en la consecución de dichas peticiones, y que se respeten los principios de «cautela, ecuanimidad y proporcionalidad».

Entre los firmantes figuran Paco Etxeberria, Patxi Zabaleta, Pello Zabala, Iñaki Soto, Mariano Ferrer, Martxelo Otamendi, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Aurora Beltran, Enrique Villarreal, Fermin Balentzia, Eñaut Elorrieta, Mikel Urmeneta, Gaizka Aranguren, Miguel Sánchez-Ostiz, José Mari Esparza, Laura Mintegi, Edorta Jiménez, Maialen Lujanbio, Sustrai Colina, Amets Arzallus, Unai Iturriaga, Aitor Zubieta, Joseba Ezkurdia, Oinatz Bengoetxea, Abel Barriola y Xabier Mikel Errekondo.I.V.