El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó anteayer autorizar el funcionamiento de la central nuclear de Garoña siempre que cumpla una serie de requisitos. Garoña lleva parada desde 2012 tras haber cumplido en funcionamiento los 40 años de vida útil para los que fue diseñada. A ello seguramente ayudó la conmoción que causó el accidente de Fukushima, que volvió a poner en entredicho la seguridad de la energía nuclear y especialmente de esta central gemela. El reactor nº1 de Fukushima afectado por la triple fusión del núcleo de 2011 ha vuelto a ser noticia esta semana al haber registrado los mayores valores de radiación desde el accidente. A día de hoy el nivel de radioactividad allí es tal que resulta mortal incluso con una breve exposición.

Esta vez el CSN ha modificado su modo de actuación y por primera vez ha concedido un permiso a una central con carácter previo a la realización de las modificaciones y sin establecer un límite temporal para su actividad. Este cambio –que relaja los estrictos criterios que deberían guiar sus actuaciones– resulta significativo e indica que la autorización tiene otros fines que van más allá de la central de Garoña. Se especula con que esta autorización permitiría reclamar lucro cesante en el caso de que en el futuro algún Gobierno retirara el permiso para operar. Otras lecturas consideran que se trata de abrir la posibilidad a que otras centrales nucleares del Estado operen por encima de la vida útil. En ambos casos, se estaría allanando el camino a las eléctricas para que aumenten su beneficio y no precisamente para que rebajen la factura eléctrica.

Sea lo que fuere, el CSN ha vuelto a colocar una espada de Damocles sobre Euskal Herria haciendo caso omiso a lo que la sociedad vasca ha expresado reiteradamente tanto en la calle como en las instituciones. Desenmascarar el doble juego de algunos partidos con la central de Garoña se vislumbra como único modo de poder conjurar el peligro nuclear de una vez por todas.