Confirmado la víspera en su cargo de presiente del PP por el congreso del partido con un 95,65% de los votos, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, cerró ayer el cónclave derechista reafirmando su negativa a permitir un referéndum en Catalunya y calificó de «disparate» al proceso soberanista catalán, al que dedicó la mayor parte de su discurso.

«Repito: no vamos a admitir la celebración de un referéndum que prohíbe nuestra Constitución, que busca la independencia de Catalunya y la ruptura de España», señaló el presidente del PP. «Un proceso de secesión no es una poda agradable hecha por un amable jardinero, sino que es una amputación terrible y dolorosa que no hay cirujano que salve», añadió.

«Quien conozca nuestra historia (...) no puede dejar de admitir que todo esto del proceso secesionista es un disparate», lanzó Rajoy, al afirmar que «nadie nos puede pedir que seamos cómplices» de una «arbitrariedad» que «pasa por encima de la Constitución».

Con una inmensa bandera española tras él, aseguró que la «inmensa mayoría de catalanes se sienten españoles», pero también habló de aquellos «engañados en su buena fe: a los que se les ha ofrecido como posible lo que no lo es, a los que se les ha colocado el señuelo de la independencia como remedio de todos sus males».

Sostuvo que una secesión de Catalunya significaría la salida de la Unión Europea y «la imposibilidad de sostener los servicios públicos o las prestaciones sociales».

Además, reiteró su rechazo a cualquier negociación indicando que no piensa «comerciar» y que no es posible ninguna negociación «sobre si se puede o no cumplir la ley».

A la vez afirmó que su gobierno está abierto al diálogo con las autoridades catalanas, eso sí solo para «trabajar para reconstruir la cohesión interna» en la región, «destruida irresponsablemente por años de separatismo que han dividido dramáticamente a la sociedad».

Exige «diálogo» a la oposición

También habló de diálogo con la oposición, pero más que una oferta, realizó una exigencia, al pedir al resto de partidos que se presten a negociar para llegar a acuerdos, «lo que no significa vender favores al gobierno». Con la ley de presupuestos generales del Estado aún sin presentar, admitió que su Ejecutivo está obligado a dialogar pero «en el mismo grado que los demás, ni más ni menos» porque «España es responsabilidad de todos».

«Lo que España necesita es estabilidad y certidumbre, y para ello lo más importante es que el gobierno pueda gobernar», afirmó Rajoy, por lo que pidió a la oposición «que se imponga la sensatez».

Al salir del congreso, la secretaria general del partido, María Dolores Cospedal, que la víspera fue confirmada en el cargo por el presidente, hizo un llamamiento a todo el PP para trabajar para recuperar la confianza de los votantes que se fueron a otros partidos o se pasaron a la abstención y «recuperar la unidad del centro-derecha español». Cospedal pudo ser ratificada después de que el viernes se rechazara una enmienda, por solo 25 votos, contra la acumulación de cargos. Fue la brecha por la que se coló un atisbo de división en el partido, con acusaciones de pucherazo y algunas dimisiones por la continuidad de la secretaria general.

Rajoy mantiene así el equilibrio con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pero a la vez, hace que Cospedal comparta el poder con Fernando Martínez-Maillo, ascendido al recuperado cargo de coordinador.

 

De la Caja Mágica al banquillo de la Audiencia Nacional

Unas horas después de elegir su dirección, el PP pasa del entusiasmo en la Caja Mágica de Madrid al banquillo de la Audiencia nacional, donde su representante legal debe comparecer ante el tribunal que juzga a los 37 acusados por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005). La Fiscalía considera al PP partícipe a título lucrativo, al igual que la exministra de Sanidad y exmujer del que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, Ana Mato, quien también se deberá sentar en el banquillo por primera vez. Igualmente, deberá comparecer la mujer del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, Gema Matamoros. No obstante, los tres encausados podrán negarse a declarar porque no están citados en condición de testigos. Anticorrupción fijó en su escrito de acusación una fianza de 28.467,53 euros para Mato y 245.492 euros para el PP, cantidades que coinciden con el dinero que presuntamente se habrían beneficiado a través de la trama Gürtel.GARA