«Cada parte tenía su posición clara. Ellos defienden la suya y nosotros la nuestra». Con estas palabras resumió Iñaki Carro, abogado de Argilan-ESK, la reunión que mantuvieron ayer tarde con el Gobierno de Gasteiz sobre el incremento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Los colectivos sociales y sindicales defienden que el aumento debe ser proporcional al del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año subirá un 8%. Mientras, el Ejecutivo autonómico insiste en asociar la subida al IPC, que cerró 2016 con un aumento del 1,6% en la CAV.

En declaraciones a GARA, Carro explicó que los colectivos sociales y sindicales presentes en la cita de ayer trasladaron a los responsables del Departamento de Empleo y Políticas Sociales sus reclamaciones y su intención de convocar nuevas movilizaciones para reclamar que se reviertan los recortes del 7% aplicados en 2012 y que se aumente la cuantía de la RGI en relación con la subida del SMI. «Pero ellos defienden que la subida sea la del IPC y dicen que tienen informes jurídicos que respaldan su actuación», señaló.

Asimismo, indicó que los representantes del Ejecutivo se limitaron a anunciar que mejorarán la gestión de Lanbide. «Son nuevos en el Gobierno pero dicen lo mismo de siempre. Y nosotros vemos que las cosas están mal, vemos a las personas que vienen a pedir ayuda por suspensiones o por cobros indebidos», destacó Carro, quien también criticó que los nuevos responsables de Lanbide insistan en hablar sobre el supuesto fraude. «Nos han venido a decir que están para pillar», añadió.

Reforma de la RGI

En este sentido, el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó ayer que la RGI requiere «de un mayor control», si bien reconoció que los escasos casos de fraude de ese sistema «no deben estigmatizar» a la mayoría de los perceptores. A su juicio, la concesión de la RGI «en sus inicios está bien hecha», pero se requiere «un mayor rigor en la gestión de esas ayudas» y por ello su Gabinete va a plantear una revisión y una posible reforma de ese sistema de ayudas en un plazo de dos meses y medio.

Cabe recordar que el mes pasado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, abrió la puerta a que en la revisión de la Ley de Garantía de Ingresos se elimine el SMI como base de su cálculo. Este cambio afectará a miles de familias, ya que en diciembre de 2016 había 63.979 expedientes abiertos de cobro de la RGI, algunos individuales y otros familiares. Y de ellos más de 15.800 son de pensionistas, la mayoría mujeres cuyos ingresos están por debajo de esta ayuda social.

Movilización en Gasteiz

Las intenciones del Gobierno autonómico han sido respondidas en la calle por colectivos sociales y sindicales, que se han movilizado para reclamar que el incremento del SMI se aplique a las prestaciones gestionadas por Lanbide, como son la RGI, el complemento de pensiones o las ayudas de alquiler. A este respecto, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria recordó a finales de enero que «las diferentes prestaciones gestionadas por Lanbide se encuentran vinculadas al SMI: cualquier aumento en el mismo se debe trasladar automáticamente según la Ley 18/2008 de l 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social».

Los integrantes de la Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz, formada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas y ESK, así como por diferentes movimientos sociales de la capital alavesa, se concentrará hoy frente a las oficinas que Lanbide tiene en el barrio de Adurtza, concretamente en el Paseo de la Zumaquera, para denunciar los recortes aplicados en la RGI. Realizarán una pequeña representación teatral para exigir al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que cumpla la ley.