Un total de 88 diputados y senadores firman un documento presentado ayer en el que se aboga porque los siete de Altsasu sean juzgados en un tribunal de Iruñea y no en la Audiencia Nacional española, se retire la acusación de terrorismo y se ponga en libertad a Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, los tres jóvenes que todavía permanecen encarcelados desde noviembre. Los firmantes son integrantes de Unidos Podemos y sus confluencias, ERC, PNV, PDECat, Compromís y EH Bildu. «Pedimos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y requerimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los tres jóvenes», afirma el texto.

No es la primera vez que los familiares de los jóvenes de Altsasu son recibidos en el Congreso español. Ocurrió también el 20 de diciembre de 2016, precisamente el mismo día en el que quedaron en libertad Aratz Urrizola, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea y Jon Ander Cob. Desde entonces, han trabajado para que representantes de los diferentes grupos firmasen un texto del que se han descolgado PP, PSOE y Ciudadanos.

En el documento se denuncia la vulneración de las garantías procesales, la publicación de las identidades de los arrestados (entre ellos dos menores de edad) y la forma en la que se produjeron las detenciones, ya que todos los jóvenes podían haber sido llamados ante el juez para declarar.

«La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger», asegura el texto, que también recuerda que «los primeros informes policiales, redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo».

La prensa mira hacia Podemos

El trato informativo de la reunión y el manifiesto sirvió para simbolizar la abismal diferencia de cómo se ha tratado el caso en Nafarroa y cómo se refleja al sur del Ebro. «Se ha calificado como terrorismo lo que nosotros consideramos como una pelea de bar y eso supone que no está siendo un juicio proporcional a los hechos que ocurrieron», aseguró Ione Belarra, diputada navarra y actual portavoz adjunta de Unidos Podemos. Una posición mucho más acorde con la de la mayoría social en Nafarroa y alejada de la bola de nieve que comenzó en la capital del Estado poco después de la trifulca. Como entonces, aunque en otro sentido, los medios de comunicación intervinieron ayer para dar un nuevo sentido al debate. De este modo, se pasó de un documento en el que varios grupos (vascos, catalanes y el unionismo democrático) se solidarizaban con los jóvenes de Altsasu a un reiterativo «Podemos-apoya-a-los-agresores-de-guardias-civiles». El hecho de que dos diputados de la formación morada como Juan Antonio Delgado, antiguo sindicalista del Instituto Armado, y Juan Pedro Yllanes, juez en excedencia, se desmarcasen del texto, sirvió para alimentar las tesis oficiales de la prensa madrileña.

La polémica perseguía al partido de Pablo Iglesias, que trataba de mantener el equilibrio en el «estamos con las víctimas (dando por segura la versión oficial de los guardias civiles) y la crítica de la «banalización del terrorismo» por calificar así el caso de Altsasu. El asunto fundamental, sin embargo, sigue siendo que tres jóvenes permanecen en prisión y otros cuatro están acusados de un delito de «terrorismo». Todos ellos y sus familiares recibieron ayer el apoyo de casi un tercio de la Cámara Baja. Un salto cualitativo en las adhesiones en el Estado contra las políticas «de venganza», como las tachó Joan Tardá.