Holyrood revive estos días debates del pasado. Parece que nada ha cambiado desde que en 2014 los escoceses votaran sobre la independencia, pero lo cierto es que la coyuntura actual nada tiene que ver con aquella de hace dos años y medio. La Cámara escocesa volvió a ser testigo ayer de un nuevo debate sobre un referéndum de independencia, en este caso sobre la consulta que el Gobierno escocés pretende celebrar entre otoño de 2018 y primavera de 2019.

La moción, planteada por la primera ministra del país, Nicola Sturgeon, pedía el mandato de Holyrood para que su Ejecutivo tenga la potestad de negociar con el Gobierno británico la devolución de la Sección 30 de la Ley de Escocia, que transfiere los poderes de Westminster a Holyrood para que éste disponga de la cobertura legal necesaria  para volver a llamar a los escoceses a las urnas. Sin sorpresas, la propuesta fue aprobada por la mayoría de la Cámara con los votos a favor del SNP y los Verdes (69) y los votos en contra de los tories, laboristas y liberal-demócratas (59).

Tras la votación, fuentes del partido nacionalista informaron de que se pondrán en contacto con el Ejecutivo de la primera ministra británica, Theresa May, esta misma semana para informarle sobre la decisión de Holyrood y poner en marcha los mecanismos para la devolución de poderes a la Cámara escocesa.

No obstante, el secretario de Estado para Escocia, David Mundell, salió al paso y avanzó que May rechazará toda propuesta de referéndum mientras Gran Bretaña esté negociando el Brexit, es decir, durante los próximos dos años. La respuesta, adelantada ya por la propia primera ministra británica tras el anuncio de Sturgeon de la convocatoria del segundo referéndum de independencia hace dos semanas, no pilló de sorpresa a la primera ministra escocesa que, durante el debate, anunció que en tal caso volverá a Holyrood después de Semana Santa para informar de los pasos que su Ejecutivo dará de cara al futuro.

Cuestión de legitimidad

El debate, reabierto por Sturgeon tras quedar suspendido la semana pasada por los ataques en Londres, giró alrededor de la legitimidad con la que cuenta el Gobierno escocés para llamar de nuevo a las urnas. La primera ministra escocesa afirmó que el Brexit no puede ser «impuesto» a los escoceses, los cuales, consideró, «tienen el derecho de decidir sobre su futuro», y subrayó que su deseo de convocar la consulta entre otoño de 2018 y primavera de 2019 respeta el ritmo de las negociaciones del Brexit.

La oposición más beligerante fue la planteada por la líder tory Ruth Davidson, que pidió a Sturgeon que se centre «en las cuestiones por la que es pagada». «Este debate no añade nada a la sabiduría humana. Es la misma receta de siempre que no hace más que aportar división», recriminó a la primera ministra escocesa. Similar fue la postura adoptada por la líder laborista en Escocia, Kezia Dugdale, que echó en cara a Sturgeon estar «enterrando» las cuestiones más iportantes para el país: «Vuestra primera opción es la independencia, también la segunda, así como la tercera».

Los Verdes, favorables a la moción y representados por Andy Wightman, destacaron su naturaleza «no nacionalista», aunque sí «pacifista, igualitaria y favorable a la sostenibilidad medioambiental y la democracia radical», mientras que los liberal-demócratas consideraron «ambigua» la idea de tener que decidir entre seguir siendo miembro de Gran Bretaña o ser un país independiente.