2017/05/20

FRANCISCO TOLOZA
MIEMBRO DE VOCES DE PAZ EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA

Francisco Toloza, representante de Voces de Paz –plataforma política surgida a raíz de los acuerdos de La Habana para verificar su implementación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado–, observa con gran preocupación el fallo de la Corte Constitucional que deja en el aire el desarrollo normativo de las leyes y reformas pactadas con las FARC desde el inicio del proceso en 2012.

«La salida a esta crisis es lograr un gran pacto político en Colombia»
Ainara LERTXUNDI
0520_mun_toloza2

El Secretariado de las FARC-EP advirtió de que el fallo de la Corte Constitucional por el cual modifica la metodología para la aprobación e implementación de los acuerdos de La Habana pone al «proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio» y llamó a todos los guerrilleros a una asamblea permanente en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización para analizar la situación. Reiteró la «decisión indeclinable» de la guerrilla de «seguir cumpliendo lo acordado», al tiempo que urgió «una reconducción del proceso» y una reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, compuesta por tres delegados del Gobierno y otros tantos de la guerrilla.

En entrevista con GARA, Francisco Toloza, representante de Voces de Paz en la Cámara de Representantes, aboga por impulsar «un gran acuerdo político nacional» para salir de esta grave crisis y proteger los acuerdos de La Habana de la «inseguridad y zozobra jurídica» en la que los ha sumergido esta sentencia, fruto de una demanda interpuesta por el Centro Democrático de Álvaro Uribe.

¿Cómo valora el fallo de la Corte Constitucional?

Es un hecho grave que afecta tanto a lo acordado en La Habana como a su implementación, que depende del Acto Legislativo. Se trata de un mecanismo especial propio de la excepcionalidad que supone para un país salir de una guerra de más de cinco décadas. En Colombia hacer la reforma judicial para poner en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz por la vía ordinaria implicaría más de dos años; a través del procedimiento legislativo especial podemos hacerlo en seis meses. Esto solo es posible si se mantienen las reglas en su conjunto. El fallo de la Corte viola el acuerdo de La Habana y requiere la activación del mecanismo de resolución de diferencias, que incluye la participación de notables.

Da la impresión de que la Corte se ha convertido en una espada de Damocles para el proceso de paz y los mismos acuerdos. ¿Se contempló en algún momento este escenario?

Las FARC-EP firmaron un acuerdo con Juan Manuel Santos en calidad de jefe de Estado. El mismo Gobierno afirmó en una declaración ante Naciones Unidas que el Estado colombiano en su conjunto asumía el Acuerdo Final de paz. Ahora resulta que a causa de tensiones y fracturas internas, la Corte Constitucional o sectores del Congreso quieren de alguna manera burlar lo acordado en La Habana o, por lo menos, ralentizar su implementación. El acuerdo tiene el blindaje jurídico necesario pero en Colombia, lastimosamente, hay una tradición que consiste en un abuso de las leyes y una enredadera jurídica para torpedear decisiones políticas. La Corte Constitucional tiene un poder bastante grande en Colombia y podría enredar el escenario de la paz. Con este fallo no ha estado a la altura histórica que requiere el momento. Si bien hasta el momento la Corte había ratificado las cuestiones relacionadas con la paz, con los últimos cambios que ha habido en su composición se corre el riesgo de que se instaure una tendencia neoconservadora. No obstante, esperamos que una decisión jurídica tomada por nueve personas no revierta una decisión política histórica.

¿Entonces, el futuro de la implementación de los acuerdos depende de la composición futura que tenga la Corte Constitucional?

Si estuviéramos hablando de un mero acuerdo jurídico, sí, pero, resulta que el de La Habana es un acuerdo político. Ni en Colombia ni en la comunidad internacional se está en disposición de que más de 50 años de guerra y 5 años de diálogos –si nos remontamos a los Acuerdos de La Uribe, 34 años de diálogos–, se queden en manos de nueve personas o queden enredados en laberintos y tecnicismos jurídicos. La salida no pasa por la Corte Constitucional, aunque obviamente debe comprometerse a honrar el Acuerdo Final como parte del Estado colombiano, sino por un gran acuerdo político nacional con la amplia mayoría de fuerzas del país para implementar la paz.

¿En qué estado de salud deja este fallo el proceso de paz?

Estamos en crisis, oficialmente, pero también es cierto que durante los más de cinco años de diálogos hemos sufrido otras crisis iguales o, tal vez, peores. Si hay voluntad política, se encuentran salidas jurídicas. La misma Constitución ofrece alternativas jurídicas como las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República para asumir todo lo relacionado con la paz y el orden público. No se puede seguir enviando mensajes tan negativos como éste al país y a los guerrilleros, que en estos momentos se aprestaban a concluir el proceso de dejación de armas. No debemos olvidar que la llave de la paz la tiene el pueblo colombiano. Así como ante el adverso resultado del plebiscito fueron las plazas y las calles las que hablaron, ahora la ciudadanía debe ir al hemiciclo, a las cortes… y pronunciarse en las calles.

¿Qué mensaje traslada el fallo a la mesa de Quito con el ELN?

Este fallo ha provocado una lógica zozobra jurídica y así como golpea el actual proceso de implementación, también genera mayor incertidumbre y desconfianza, fundada, en los compañeros del ELN para seguir avanzando, porque la pregunta lógica será si el acuerdo con las FARC con todos los acumulados se está incumpliendo, qué pasará con el acuerdo que se alcance en Quito. Esta zozobra debe ser resuelta a la mayor brevedad para así también aupar el proceso con el ELN, tan necesario para lograr una paz completa.

Ni el país ni la comunidad internacional están en disposición de que más de cincuenta años de guerra y cinco años de diálogos se queden en manos de nueve personas y enredados en laberintos jurídicos»