El grupo de eurodiputados que el pasado 29 de junio llevó al Parlamento Europeo el caso de Altsasu presentó ayer una iniciativa parlamentaria en la que defiende que la petición de 375 años de cárcel para los ocho jóvenes de esta localidad navarra tiene su origen en una incorrecta trasposición en el Estado español de la legislación europea que define el delito de «terrorismo».

Por estas razones solicitan a la Comisión que revise este proceso de adaptación de las leyes estatales a las europeas y que contraste si lo ocurrido en este caso concuerda con las previsiones sobre proporcionalidad de las penas que se recogen en el artículo 49.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

En su iniciativa parlamentaria Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Izaskun Bilbao Barandica (PNV) y Josu Juaristi (EH Bildu) describen el procedimiento empleado por el fiscal para tratar de convertir lo sucedido en un delito de «terrorismo» y recuerdan que el escrito de acusación parte de la base de que los jóvenes «agredieron a los agentes para reivindicar la sustitución en el País Vasco y Navarra de las fuerzas de seguridad estatal por otras de carácter autonómico. Como esa reivindicación, prevista en la legislación interna, era defendida también por ETA, organización inactiva y desarmada, les acusa de un delito de terrorismo». A juicio de los firmantes de la iniciativa la construcción completa del auto de acusación «no encaja con las definiciones comunitarias de terrorismo» que aparecen en varias directivas y decisiones marco europeas. Además –señalan– es inconsecuente «con la aplicación que en otros casos de agresiones contra policías se hace del código penal» en el propio Estado español.

La iniciativa insiste en que este tipo de arbitrariedades «son incompatibles con las previsiones del artículo 49.3 de la Carta de derechos Fundamentales» por lo que pide una opinión al respecto. Finalmente se interesan sobre qué planes tienen la Comisión y Eurojust para armonizar criterios en este campo.

Juntas de Bizkaia

Por otra parte, los grupos de PNV, EH Bildu y Podemos en las Juntas Generales de Bizkaia presentaron una proposición no de norma en la que instan a la institución a mostrar su «más rotunda discrepancia» con la petición fiscal en este caso por considerar que «ha llegado a un nivel de desproporción y sinrazón inaceptables».