La subprefecta de Baiona, Catherine Séguin, ejerció ayer tarde en representación de su superior, el prefecto de Pirineos Atlánticos, Eric Morvan, quien no pudo finalmente desplazarse a Baiona para detallar el dispositivo de seguridad que se aplicará en las ya cercanas fiestas de la capital labortana.

Si bien en la rueda de prensa organizada el pasado lunes para presentar el programa festivo las autoridades locales, con el alcalde Jean-René Etchegaray a la cabeza, presentaron la edición 2017 como la del retorno progresivo a la normalidad, las palabras de la subprefecta alentaron la impresión de que la excepcionalidad ha llegado para quedarse, también en periodo festivo.

La representante del Estado remarcó los múltiples aspectos que convierten en «excepcionales» las fiestas de Baiona, enumerando entre ellos la ubicación geográfica, la estructura urbanística de la ciudad, la duración de sus fiestas y la masiva presencia de visitantes. No olvidó Séguin evocar «riesgos añadidos» ligados a «comportamientos peligrosos» o al excesivo consumo de alcohol.

A partir de esa exposición, la subprefecta defendió la conveniencia de mantener el plan de seguridad que se diseñara hace un año, en un contexto de especial tensión, al celebrarse las fiestas apenas quince días después del atentado de Niza.

En esa situación, y al no poderse garantizar, a juicio del Ayuntamiento, las condiciones de seguridad, se optó por reducir el programa festivo, evitando las manifestaciones más masivas, y desprogramando completamente la jornada dedicada a los más pequeños.

Paradójicamente, un año después, el Estado mantendrá en los mismos parámetros el dispositivo de seguridad, sin apenas modificaciones sobre lo organizado «en caliente». Por contra, la ciudad aumentará en un centenar los agentes privados que se despliegan en puntos neurálgicos de la fiesta. Una paradoja que se traduce en números contantes y sonantes, ya que las fiestas de este año serán sensiblemente más caras para los baionarras, al pasar el presupuesto de 2,1 a 2,4 millones de euros. El grueso de ese aumento se lo llevará la seguridad. De los 250 agentes privados del año pasado se pasará a 350. Según justificó el alcalde, «no vamos a asumir riesgos, y queremos que la fiesta recobre la serenidad, particularmente en esa jornada infantil a la que antes acudían 6.000-7.000 niños y niñas y que va a volver a celebrarse».

El despliegue en números

La subprefecta, por su parte, detalló ese despliegue, definido por un contexto, remarcó, de «Estado de Urgencia, de dispositivo Vigipirate, y de persistencia de la amenaza terrorista».

Baiona estará vigilada a través de tres zonas concéntricas, que se solapan desde la muga o las estaciones de transporte, siguiendo por la red viaria departamental, hasta llegar al corazón de la ciudad en que se fijan nueve puertas de entrada y cuatro puntos de acceso restringido.

Organizadas en las distintas capas del perímetro securitario intervendrán más de 1.200 personas uniformadas, de ellas 650 agentes públicos (policías, gendarmes y 61 militares), a los que se suman unos 300 miembros de protección civil y esos 350 vigilantes privados.