El consejo de administración de Nuclenor, celebrado el miércoles, volvió a bloquearse respecto a la posibilidad de adoptar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, ante la falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa, los propietarios al 50% de la sociedad dueña de la planta.

Iberdrola apuesta por poner fin a la actividad de la central, porque «no cabe ninguna otra alternativa a la viabilidad económica de Nuclenor que el desistimiento». Por contra, Endesa –que espera todavía poder sacar algún beneficio del cierre– abogó en el consejo por presentar alegaciones ante el Ministerio, una propuesta que Iberdrola consideró que no resultaba «jurídicamente viable», ya que podía acabar en que el Gobierno conceda la renovación de la central nuclear.

En cualquier caso, Nuclenor puede decidir cerrar la central, aunque el Ejecutivo opte por dar permiso a su reapertura.

Instituciones vascas

Entre tanto, el Parlamento de Gasteiz comunicó ayer la presentación de alegaciones en contra de la reapertura de la central nuclear, tal y como había decidido el Pleno de la Cámara el pasado seis de abril. El Legislativo se suma así al Gobierno de Lakua y a la Diputación de Araba, que también han presentado escritos ante el Ministerio de Industria y Energía exigiendo el cierre de Garoña.

Por contra, la Junta de Castilla y León ha pedido su continuidad hasta el año 2031, para que se puedan amortizar las inversiones que exige el Consejo de Seguridad Nuclear para su puesta en marcha.

Greenpeace urge al Gobierno de Rajoy a que acabe con el «espectáculo» sobre el futuro de la central y proceda ya a su desmantelamiento.

Garoña cumplió 40 años en 2011 y tenía permiso hasta el 6 de julio de 2013, pero Nuclenor pidió el cese de actividad en diciembre de 2012.