El Departamento de Seguridad del Gobierno de Lakua ha incoado un expediente sancionador contra un periodista de Hala Bedi, al que se amenaza con una multa de 602 euros, que la emisora asegura que no va a pagar.

La Ertzaintza le acusa de que «sobre las 12.30 horas del día 18 de mayo de 2017, con motivo de la realización de labores de seguridad en el Barrio Errekaleor de Vitoria-Gasteiz, [nombre y apellidos] rebasa una cinta que servía de cordón policial, la rompe y se abalanza, acometiendo con fuerza, contra una línea de agentes de la Ertzaintza que se encontraba al otro lado de la misma».

La versión de la emisora es muy distinta. Explican que dos de sus periodistas eran los únicos que estaban aquel día en el barrio antes de que comenzara la operación para el corte de electricidad, pudiendo contar «desde dentro» lo que estaba pasando. Recuerdan que «como ya denunciamos entonces, un ertzaina se acercó a los miembros de Hala Bedi y empezó a golpearlos y empujarlos por estar grabando con el móvil».

Inciden en que «como resultado de esa agresión rompieron el teléfono a uno de los periodistas. Entonces nuestro compañero enseñó su acreditación de prensa y pidió al policía que se identificara. Este, sin dar ningún tipo de explicación, le quitó la acreditación de las manos y le pidió que se identificara. Finalmente, y después de mucho esfuerzo, la acreditación le fue devuelta y el ertzaina le dio el número de placa al periodista, añadiendo en tono amenazante: ‘sabemos quiénes sois, sabemos que sois del entorno radical’».

A través de un comunicado, Hala Bedi sostiene que la versión policial no es cierta, sino «mentiras, de las que además, no tienen pruebas». Pero añaden que «desgraciadamente, la prueba que teníamos nosotras estaba en el móvil que la propia Ertzaintza nos rompió, por lo que no hemos podido recuperar los archivos».

Parlamento

Este caso, tal y como lo expone Hala Bedi, entra de lleno en el acuerdo que el 22 de junio de 2016 adoptó el Parlamento de Gasteiz con el voto a favor de PNV, EH Bildu y PSE, y la única oposición del PP, en contra de la aplicación de la Ley Mordaza.

La propuesta llegó a la Cámara autonómica a raiz de la multa de 601 euros impuesta por el Gobierno español al periodista de “Argia” Axier Lopez, por publicar en twitter la fotografía de un policía durante una detención en Eibar.

Ante ello, el Parlamento acordó «expresar públicamente su posición contraria a la Ley Orgánica 4/2010 de Seguridad Ciudadana, que convierte en delito el trabajo periodístico y la libertad de expresión».

Aseguraba que «en adelante, de producirse una nueva aplicación de esta ley que vulnera derechos fundamentales, adoptaremos el compromiso de denunciarlo públicamente y expresar nuestra solidaridad con la persona afectada».

En su tercer punto el acuerdo recogía que «estando la mayoría política del Parlamento en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique».

«Derecho a desobedecer»

Según comunicó ayer, Hala Bedi ha decidido en asamblea no pagar la multa que se le ha impuesto, y añade que «en la medida que se trata de una ley injusta, creemos que tenemos legitimidad para desobedecerla». La emisora gasteiztarra anuncia el inicio de un proceso jurídico «a medio plazo».

La incoación de este expediente es el primero que se hace público de la Ertzaintza contra un periodista. Hala Bedi sostiene que su objetivo es acallar a los medios que informan sobre el movimiento popular y tratar de «ocultar los abusos policiales».

La emisora reitera que «toda la ciudadanía tiene derecho a recoger información sobre los acontecimientos a nuestro alrededor» y ahí juegan un papel fundamental los periodistas que pueden contar lo que estaba ocurriendo dentro del barrio.