El primer día de agosto, la Gendarmería (una suerte de Guardia Civil) reprimió con dureza un corte de ruta de un grupo mapuche que reclamaba la liberación de Jones Huala, dirigente encarcelado. La protesta se realizaba en la periferia del pequeño poblado de Cushamen, al norte de la provincia argentina de Chubut, en pleno invierno de la Patagonia y a los pies de los Andes. La represión se saldó con nueve detenidos y un desaparecido, Santiago Maldonado.

Este artesano de 28 años que simpatizaba con la causa mapuche es oriundo de Buenos Aires aunque desde hace unos meses reside en la cercana ciudad de El Bolsón, una de las perlas turísticas del norte patagónico. Aquel día participó en la protesta de la comunidad Pu Lof en Resistencia (lof significa clan en mapudungun, lengua mapuche), en terrenos ocupados pertenecientes a la familia italiana Benetton, que posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia.

Tanto su familia como testigos aseguran que la última vez que se le vio con vida fue a la vera del río Chubut, cuando –afirman– fue golpeado por los gendarmes y llevado a rastras.

El «caso Maldonado» ha ido cobrando cada vez más fuerza al pasar los días, polémica alimentada también por la reacción del Gobierno, denunciada por parte de los grupos de derechos humanos, con el trasfondo del conflicto ancestral como es el de los pueblos indígenas latinoamericanos desplazados.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha denunciado que el recrudecimiento de la represión contra las comunidades mapuches se inició en 2015, cuando el Movimiento Autónomo del Puel Mapu (Tierra del Este en mapudungun, en alusión a los territorios mapuches argentinos), ocupó terrenos de la familia Bennetton. El MAP fue fundado y liderado por Jones Huala, detenido y amenazado con su extradición a Chile.

La desaparición fue criticada por la oposición, ante un sorprendente silencio por parte del Gobierno del presidente Mauricio Macri, en un país en el que –por la memoria histórica de la dictadura militar– la represión y la desaparición de personas es un asunto urticante que despierta inmediatamente las alertas de la sociedad civil.

Disparó la polémica la tardía reacción por parte del juez federal Guido Otranto de demorar la investigación de los escuadrones de Gendarmería. A pesar de las inconsistencias en algunas declaraciones de los estos sobre el hallazgo de restos de cabello y una soga, el juez mantuvo hasta el pasado jueves la causa como «búsqueda de persona» y no «desaparición forzada».

El Gobierno buscó invisibilizar el caso y pasó la pelota a la Justicia, sin responsabilizar a la Gendarmería, además de filtrar que al desaparecido lo podría haber matado otro mapuche «por cuestiones políticas».

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo que acudir a la comisión de Seguridad del Senado, donde respaldó a los gendarmes aunque prometió que si alguno cometió excesos «tendrá la sanción correspondiente».

La actitud de Bullrich erizó a las organizaciones de derechos humanos y a parte de la oposición porque le acusaron de proteger a la Gendarmería e ignorar su presunto rol en esta desaparición. Se da la paradoja de que la propia Bullrich fue militante de la Juventud Peronista en los años 70 y tuvo que exiliarse durante la dictadura militar tras ser detenida varias veces.

Sergio Maldonado, hermano del desaparecido, criticó que desde el Gobierno sólo ve «trabas y pocas ganas de buscarlo» mientras que su abogada, Verónica Heredia, denunció que la Policía allanó la casa del desaparecido sin orden judicial.

«Vínculos con el ISIS»

La actitud del Gobierno podría ser explicada por la información con la que dice contar y que fomenta la visión conspirativa y paranoide: una fuente del Ministerio de Seguridad llegó a asegurar a GARA que funcionarios de esa cartera informaron a Bullrich de que los sectores «más radicales» de la comunidad mapuche tendrían vinculación con el ISIS y a la vez contarían con financiación europea.

Con todo se sinceraron al destacar «la necesidad» de evitar que quienes apoyan a Jones Huala logren un nivel de movilización como el que ocurre a pocos kilómetros al oeste, en Chile.

Los conquistadores españoles los denominaron araucanos y Araucanía la región chilena en donde vivían, pero ellos se llaman a sí mismos mapuches, que significa gente de la tierra en mapudungun. En cuanto a los mapuches argentinos hay una grieta antropológica: algunos dicen que llegaron como inmigrantes cruzando los Andes en el siglo XIX y otros que son descendientes de los tehuelches autóctonos.

Una disputa de siglos

Sea como fuere, los mapuches consideran su territorio ancestral el Wall Mapu, que comprende algo así como la mitad norte de la Patagonia chilena y argentina, donde residen más de un millón y medio en la primera y unos 200.000 en la segunda. Su actividad económica está basada en la agricultura, los textiles y la cría de ovejas. Además de su propia lengua, cuentan con sus propios rituales religiosos, arte, vestimenta y organización política en torno al lof, al lonko (cacique) y los cahuines (consejos de los lonkos).

Si bien en Chile el pueblo mapuche, cuyo sector más combativo está organizado en la Coordinadora Arauco-Malleco, es famoso por su resistencia, en Argentina rara vez era noticia.

La mayoría de los mapuches «argentinos» viven en las provincias de Chubut y Río Negro, cuya población desciende principalmente de inmigrantes europeos, lo que tampoco ayuda al eco de sus reclamos. En 2013 irrumpió en la escena política el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el que participó Jones Huala y que con sabotajes y ocupaciones contra el «usurpador» blanco reivindica una nación autónoma.

La perspectiva del «caso Maldonado» no apunta a una pronta resolución mientras no haya evidencias de su paradero ni avances claros de la investigación y dependerá de la presión ciudadana. Pero su desgracia, paradójicamente, sirvió para volver a poner el foco en una comunidad que sufre hace siglos la discriminación y cuyas demandas deberían ser escuchadas.