A menudo pensamos que todo lo que ocurre en Catalunya, como en tantos otros lugares y momentos, responde a un plan preestablecido, diseñado de antemano por alguna maquiavélica eminencia gris en un oscuro despacho. A veces pasa, pero en la mayoría de ocasiones, la visión conspiranóica no suele ser mucho más que el asidero que nos permite dar una explicación –por falsa que sea– a lo que ocurre. En definitiva, poco más que un placebo contra la incertidumbre, que es el signo de los tiempos en Catalunya. Conviene aprender a convivir con ella en unos días en que no sirven de mucho las previsiones, ni siquiera a corto plazo.

El lunes la jueza de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela hizo saltar por los aires el precario tablero establecido, a modo de impasse, tras el referéndum del 1-O. Los esquemas cambiaron de golpe con los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, convertidos en los primeros presos políticos del proceso catalán.

El encarcelamiento de líderes de entidades sociales responsables de multitudinarias y pacíficas movilizaciones no tiene buena prensa en Europa. Otra cosa es que eso signifique un cambio de posición en las instituciones europeas. No ocurrirá en los próximos días, pero los ojos de Bruselas siguen atentamente el pulso entre Catalunya y España. Ayer la Comisión volvió a decir que es un asunto interno español, pero designó a un portavoz específico para el contencioso catalán. Se llama Alexander Winterstein.

En Catalunya fue una jornada dual, en despachos y calles. Dos carriles que no acaban de encontrar el sentido paralelo desde el 1-O. La indignación social es tremenda. Se vio a lo largo de toda la jornada, empezando por las concentraciones celebradas a mediodía, y se comprobó sobre todo al atardecer, con miles de velas encendidas en Barcelona y otras ciudades catalanas en protesta por el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart. En Barcelona mostraron su rechazo, codo con codo, president y alcaldesa, Carles Puigdemont y Ada Colau. El PSC declinó rechazar las detenciones en la capital, pero en ciudades socialistas de peso como Santa Coloma de Gramenet, la alcaldesa, Núria Parlón, encabezó las concentraciones de condena.

Las movilizaciones irán en aumento en los próximos días, según anunciaron Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, que han tomado el relevo a los encarcelados al frente de la ANC y de Òmnium. De momento, la Taula Democràtica –la plataforma que convocó el parón nacional del pasado 3 de octubre– ya ha convocado una manifestación que se prevé masiva para el próximo sábado a las 17.00 en Barcelona. Y vendrán más. Alcoberro y Mauri aseguraron ayer que próximamente detallarán un «nuevo calendario de movilizaciones» con varios objetivos: «Defender la democracia, la libertad, internacionalizar el conflicto y defender los resultados del referéndum del 1-O».

La respuesta institucional

El independentismo está movilizado y lo seguirá estando en los próximos días, pero no eternamente. Será tarea de los partidos y las instituciones alimentar con hechos el músculo ciudadano, única trinchera catalana ante los envites que vienen. De momento, ayer fue una jornada para resituarse. Más allá de la inapelable critica a los encarcelamientos, el Govern apenas se movió. El portavoz, Jordi Turull, se limitó a señalar que esperarán a mañana para dar por cerrada la posibilidad de diálogo con Madrid.

Dio a entender, de este modo, que Puigdemont no responderá al último plazo que le dio Rajoy para aclarar si el 1 de octubre declaró la independencia o no. El deadline está situado a las 10.00 del jueves, hora tras la cual Rajoy podrá dar el segundo paso en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que consiste en detallar al Senado qué medidas concretas propone el Gobierno para restaurar el orden constitucional en la autonomía que se quiere intervenir. No está escrito, sin embargo, que Rajoy presente su escrito al Senado mañana mismo. A diferencia de lo que ocurrió hasta el 1-O, es Moncloa quien parece llevar ahora la iniciativa y dispone a su antojo del tiempo.

Así será al menos hasta que en Catalunya no se dé un nuevo paso para hacer efectivos los resultados del 1-O, que el Govern insiste en que son vinculantes y en que representan el mandato para proclamar la República catalana. Por parte del Ejecutivo parece difícil que haya movimientos antes de mañana, pero el movimiento entre bambalinas es evidente. Puigdemont reúne esta mañana, de urgencia, a su partido, el PDeCAT, de donde salen las voces más temerosas ante la declaración efectiva de la independencia.

En rueda de prensa en el Parlament, el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Lluís Corominas (PDeCAT), aseguró que están trabajando junto a la CUP en «la concreción parlamentaria de los efectos del carácter vinculante del 1-O». «Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer los próximos días, lo tenemos muy claro», insistió a su lado la portavoz de JxSí, Marta Rovira (ERC).

Poco después, ante el mismo micrófono de la cámara catalana, la diputada de la CUP Mireia Boya confirmó las conversaciones con JxSí para encontrar «el mejor momento y la mejor fórmula para hacer efectiva la proclamación de la república». De hecho, Boya fue un paso más allá y declaró que la independencia será declarada de forma efectiva «en los próximos días».

La proclamación de la república planea en el ambiente catalán casi como única respuesta posible al encarcelamiento de Sànchez y Cuixart, así como única vía posible, visto el esfuerzo del Estado por quemar cualquier opción de dar marcha atrás. Ayer la Guardia Civil irrumpió en el centro del 112 en Reus en busca de las grabaciones del 1-O, mientras en Madrid, el Constitucional anuló las leyes del Referéndum y de Protección Social –embrión de la seguridad social catalana–. También en Madrid, el PSOE retiró la reprobación de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

No es fácil encontrar ningún camino que pueda ser desandado ahora. Si alguien tenía dudas, la aseguradora SegurCaixa Adeslas decidió cancelar el seguro de responsabilidad civil de los diputados del Parlament. Los de JxSí tienen la orden de estar operativos a lo largo del fin de semana.

Los apuntes del día

Òmnium y ANC, en el palco del Camp NOu

El F.C. Barcelona anunció ayer que ha invitado a representantes de la ANC y Òmnium al palco del Camp Nou en el partido de Champions de hoy. También estarán presentes miembros de la comisión independiente para la mediación impulsada por el Colegio de Abogados.

Nueva operación de la Guardia Civil

Las operaciones policiales siguen medio mes después del 1-O. Ayer la Guardia Civil irrumpió en el centro del 112 de Reus en busca de las grabaciones del 1-O, con las que espera probar la inacción de los Mossos durante el referéndum. Un juzgado de Gandesa aprobó el registro.

 

El despliegue contra el 1-O cuesta siete veces más que el plebiscito

Uno de los puntos del argumentario unionista contra los preparativos del referéndum del 1-O era criticar el «despilfarro» de cinco millones de euros que costaba el plebiscito. Pues bien, el alquiler y la estancia en los puertos de Barcelona y Tarragona de tres grandes buques –entre ellos el ya mítico Piolín–, prorrogada ayer hasta el próximo 2 de noviembre, asciende a más de 13 millones de euros.

Aunque no existe información pública oficial al respecto, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, aseguró que el precio por los tres barcos –dos en Barcelona y uno en Tarragona– es de 300.000 euros al día, lo que eleva la factura de los 44 días que está previsto que permanezcan en puerto hasta los 13 millones de euros. Y eso sin descartar que la estancia se prolongue.

De hecho, «La Directa» fue un paso más allá y, sumando 95 euros de dieta diaria para los 2.600 agentes instalados en los tres buques, elevó la factura a más de 20 millones de euros. A ello hay que sumar los dispendios de otros 1.900 agentes alojados en 38 hoteles de tres estrellas, así como el de otros 800 instalados en cuarteles militares y de la Guardia Civil. En total, según los cálculos del periodista Jesús Rodríguez, la factura total del extraordinario despliegue del instituto armado y de la Policía española asciende ya a los 34 millones. Siete veces más de lo que costó el 1-O.GARA