Dentro del denso programa preparado por la SETHS y la asociación Bizia para la bienal de este año que ha tenido lugar la semana pasada, un elenco de especialistas de diferentes países analizó la función y eficacia de la UNGASS, la Asamblea sobre Drogodependencias y Estupefacientes de Naciones Unidas, en el que participan los 193 estados miembros de la ONU.

En su primera reunión en 1998, acordaron una declaración sobre el control mundial de las drogas y propusieron políticas comunes que fueron valoradas en 2008 en Viena. De allí salió una nueva declaración conjunta y un Plan de Acción sobre la cooperación internacional para contrarrestar el problema. La siguiente asamblea estaba prevista para diez años más tarde, pero Guatemala, México y Colombia apremiaron a que se celebrase otra que tuvo lugar el año pasado. La próxima está prevista para el 2019.

La mayoría de los ponentes de Biarritz no disimularon su escepticismo respecto a «esa gran misa muy oficial» como la denominó Patrick Aeberhard, cardiólogo parisino y profesor universitario de Derecho a la Salud, refiriéndose a la impresión que le causó su primera edición si bien algunas ONG pudieron participar en ella. En la última sesión de 2016, fueron cientos las ONG presentes lo que prueba la implicación creciente de la sociedad civil en tal compleja cuestión. Pero el ritmo y la dirección en la que avanzan los planteamientos que emanan de esas estrategias a nivel mundial no satisfacen a los diferentes agentes intervinientes, en particular, porque las recomendaciones a duras penas se abren camino en unas políticas que no están basadas «en la ciencia, en la salud pública, en los derechos de las personas y en la dignidad» sino en los criterios de control y seguridad.

A la vista de la escasa eficacia de las grandilocuentes declaraciones del ente internacional a la hora de llevarlas a la práctica, quien contribuyó a la creación fue asesor del gobierno en materia de toxicomanías, abogó por que sean los Estados quienes decidan y apliquen sus propias políticas en la materia.

No obstante, en el nada halagüeño panorama que esbozó, Aeberhard reconoció algunos avances como la legalización del consumo de marihuana con fines terapéuticos o recreativos en ocho estados americanos y en Uruguay recientemente.

Mejor que la prohibición

Precisamente, Andrew Freedman, abogado, asesor del Gobierno y hombre clave en la legalización del cannabis en Colorado, explicó cómo abordaron el tema allí. Recordó que, en realidad, sigue siendo una substancia prohibida en tanto en cuanto es un estado federal de los EEUU pero decidieron aplicar una especie de pase foral, es decir, no perseguir el consumo ni las producciones reguladas.

En Colorado se producen 100 toneladas de cannabis al año legalmente, con una trazabilidad garantizada minuciosamente mediante su seguimiento por radiofrecuencias para impedir que salga del Estado o que se inmiscuyan cárteles en su tráfico. No se vende marihuana a los menores de 21 años. Freedman aseguró que «es un sistema que funciona mucho mejor que la prohibición».

Por los mismos derroteros transcurrió la intervención de Milton Romani, secretario general del Consejo Nacional de las drogas en Uruguay y artífice de la legalización de la marihuana en el país sudamericano. Insistió en que el «problema no son las sustancias sino las personas» y se permitió «un tirón de orejas» a la UE por no haber sido más osados en las políticas de reducción de daños (intercambio de jeringuillas, terapias de sustitución…) «cuando está probado que sirven para salvar vidas». Arremetió contra la UNGASS «cuyas convenciones internacionales no son la Biblia ni el único protocolo a seguir» e incidió en que «no se puede seguir violando derechos humanos en nombre de la lucha contra las drogas» y mirar a otro lado como hacen la mayoría de los Estados por «intereses socio-económicos» con otras sustancias como el alcohol y el tabaco.

También Carl Hart, profesor de psicología en la universidad de Columbia, se mostró a favor de la regularización de todas las drogas «aunque pueda sonar perturbador para alguna gente», tras criticar la política de prohibición y persecución del gobierno americano.

Irresponsabilidad compartida

Por su parte, Javier Sagredo se centró en los retos de la última asamblea UNGASS y la próxima del 2019. Fue uno de los más críticos con el ente porque «sigue agarrotado en una narrativa moralista de protección y seguridad y olvida la salud y el bienestar de la humanidad», un discurso que, según el especialista en programas de desarrollo y reducción de la pobreza, «ha funcionado como una herramienta de control social y excluido aún más a los ya excluidos». Además de a políticos reprobó también la actitud indiferente de otros actores importantes del ámbito de la economía, universidades, educación y salud. «Esto es una irresponsabilidad compartida» dijo.