Trabajadoras y trabajadores de la UTE Larrialdiak Anbulantziak-Maiz Ambulancias se concentraron ayer frente a los juzgados de Gasteiz para denunciar la precariedad laboral en la que, como destacaron, se encuentran desde que esta empresa se hiciera cargo del servicio el pasado 23 de junio. El acto había sido convocado conjuntamente por LAB, ELA y CCOO.

La movilización se llevó a cabo coincidiendo con la celebración en la capital alavesa de la primera de las varias citas en las que la dirección de la UTE y la representación de la plantilla se verán en los juzgados para intentar solventar la precaria situación en la que se encuentran.

Los sindicatos recordaron que, tal y como marca la ley al producirse la subrogación de empresas en este sector, la compañía entrante debería respetar las condiciones laborales que en ese momento tenía la plantilla. «Pero nada más lejos de la realidad, desde la llegada de esta empresa todo han sido recortes, alegando diferentes motivos», indicaron los representantes sindicales.

Incidieron en que, aunque ya de por sí «las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores en esta empresa era inusuales por la variedad de convenios que se les aplican (hasta cinco diferentes)», la llegada de la nueva empresa «ha supuesto un recorte unilateral en sueldos» y también se ha tomado «unilateralmente la decisión de aumento de jornada, así como el recorte en temas de uniformidad, epi y material, provocando de esta forma un servicio mas precario».

Sentencia sobre amianto

Por otro lado, ayer se hizo público que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso presentado por el transportista Amalio L.S. contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbo reclamando la incapacidad absoluta por enfermedad profesional al estar afectado de un adenocarcinoma pulmonar. El TSJPV afirma que la legislación «no contempla la profesión de camionero susceptible a la exposición al amianto ni se prueba exposición suficiente».

Asviamie, la asociación vasca de víctimas del amianto, lamentó que sentencias como esta «muestran que, pese a los avances logrados, persiste la voluntad de ocultar el origen laboral de numerosas enfermedades». Concretamente, recordó que, en este caso, la Inspección Sanitaria ya realizó en su día una «comunicación de sospecha de enfermedad profesional».