Cuando el pasado sábado, en una declaración poco ortodoxa desde Girona, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, habló de la necesidad de preservarse de la represión, muy pocos sabían que la decisión de trasladarse a Bruselas ya estaba tomada. Se acordó por unanimidad en la primera reunión del Govern celebrada tras la proclamación de la República el pasado 27 de octubre, con miles de personas dando la bienvenida a la independencia en la plaza Sant Jaume. Esas miles de personas llevaban cuatro días atónitas tras ser mandadas a casa y ver cómo se frenaba en seco el despliegue de la recién nacida República. ¿Qué había pasado? Ayer Puigdemont dio unas primeras explicaciones.

En una rueda de prensa excepcional seguida de cerca por todos los medios con presencia en la capital institucional de la UE, Puigdemont explicó que tuvieron conocimiento de «una ofensiva altamente agresiva y sin precedentes» por parte del Estado contra la ciudadanía, los funcionarios y los representantes institucionales. Una de las obsesiones del Govern ha sido eliminar de la ecuación catalana la violencia, por lo que, ante la amenaza española, el Ejecutivo decidió recular y dejar de lado la posibilidad de tratar de desbordar la aplicación del 155 con movilizaciones en la calle.

Lo hicieron siendo conscientes de que una decisión así puede «ralentizar» el despliegue efectivo de la independencia. Ayer Puigdemont, que se reivindicó como legítimo representante de las instituciones catalanas –es decir, no acata el 155– fue sincero frente al pensamiento mágico que decía que la República era un coser y cantar: «Será un camino largo».

Un camino que, según confirmó ayer el president, tiene ya fijado su próximo hito: 21 de diciembre. Unas elecciones impuestas por Rajoy vía 155, pero que Puigdemont acepta como la posibilidad de derrotar al unionismo en unos comicios asumidos como plebiscitarios –aunque sea implícitamente– por todos sus contendientes. «Es en el territorio de la democracia donde somos más fuertes; siempre que haya urnas, nos encontrarán», aseguró el president que, no obstante, añadió: «Nosotros respetaremos los resultados de las elecciones sean los que sean. ¿Rajoy hará lo mismo? Quiero saberlo».

El camino hacia esos comicios será un via crucis judicial para el independentismo –el Govern y la Mesa del Parlament están llamados a declarar mañana y pasado, con lo ocurrido con Sànchez y Cuixart en la memoria–, y las incógnitas son incontables todavía. Pero el hasta ahora indescifrable escenario se ha empezado a hacerse visible en tres puntos. Primero: la Administración catalana acata a grandes rasgos la aplicación del 155 para frenar los pies a la maquinaria represiva del Estado, de forma que el despliegue de la República queda congelado. Segundo: el Govern –al cierre de esta edición se aclaró si una parte del Ejecutivo se quedaba en Bruselas– no acepta el cese decretado por Rajoy y sigue ejerciendo como tal. Es el Govern legítimo de Catalunya. Y tercero: se asume la convocatoria del 21D como la posibilidad de derrotar al unionismo democráticamente y a los ojos de una Europa que observará con lupa.

El historiador Joan B. Culla refrescaba ayer la memoria con las elecciones de febrero 1936, en las que con Companys en la cárcel y la Generalitat suspendida, el Front d’Esquerres logró un espectacular 60% de los votos. Imposible anticipar qué puede ocurrir ahora, pero la encuesta publicada ayer por la Generalitat augura un crecimiento del independentismo, mientras que figuras como Jaime Mayor Orejan ya manifiestan en público su temor a que el 21D se convierta en un referéndum legal.

En un comunicado de respuesta a la comparecencia de Puigdemont, la CUP avaló parcialmente la estrategia y calificó la acción de Bruselas de «acto de dignidad». Insistió, sin embargo, en que «la mejor acción para consolidar la República es empezar a hacer acción de gobierno en clave republicana». También lamentó que durante los últimos días no se han desarrollado todas las estructuras de Estado necesarias para poner en marcha la República.

¿Regreso a Barcelona?

Una de las incógnitas ayer era saber si Puigdemont y los siete miembros del Govern desplazados a Bruselas iban a pedir asilo político a Bélgica, uno de los países que mayor simpatía ha expresado ante las demandas catalanas. La respuesta es que no. Puigdemont anduvo con pies de plomo en este tema y aseguró que su presencia en Bruselas «no tiene nada que ver con la política belga», sino con que la ciudad es el corazón de las instituciones de la UE. Tendrá «los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano europeo», resumió ayer el primer ministro belga, Charles Michel.

De hecho, al cierre de esta edición, la jornada volvió a sufrir un nuevo cambio de guión, ya que la última noticia sobre Puigdemont, según varios medios catalanes, era que volaba de regreso a Barcelona. Sí tomaron tierra en el aeropuerto de El Prat de Llobregat los consellers Joaquim Forn (Interior)y Dolors Bassa (Trabajo y Asuntos Sociales). Todos están citados a declarar ante la juez Carmen Lamela mañana y pasado, si bien ayer no se aclaró si acudirán a una cita tras la que pueden acabar encarcelados. Los precedentes son los que son.

Los apuntes del día

Independentismo al alza

El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat publicó ayer una encuesta que registra el máximo histórico de apoyo a la independencia en un referéndum, situado en un 48,7%. El No se situaría en el 43,6% en un sondeo que augura una nueva victoria electoral del soberanismo el 21D.

Foco mundial

Uno de los efectos logrados por el traslado de la mitad del Govern a Bruselas fue convertirse en el foco de toda la prensa occidental, que concentra en la capital belga a sus corresponsables para asuntos europeos. Ayer, la inmensa mayoría de las ediciones digitales abrían con Puigdemont.

 

Una semana para decidir la fórmula electoral

La carrera hacia las elecciones del 21 de diciembre ya está lanzada. El unionismo hace precampaña; el Consejo de Ministros se reunió ayer para poner en marcha la maquinaria de unas elecciones que normalmente organiza la Generalitat –conviene no olvidar en ningún momento que los comicios del 21D no serán, nunca, ordinarios– y la Junta Electoral ha detallado ya el calendario electoral de los próximos dos meses.

El primer hito destacable se sitúa en apenas una semana, ya que el próximo día 7 finaliza el plazo para presentar coaliciones. Es decir, el independentismo debe decidir en los próximos días si opta por acudir con una única lista común o no. De momento, así lo ha defendido la Assemblea Nacional Catalana, que en los próximos días llamará a los partidos soberanistas a reunirse para consensuar una estrategia. Entre las formaciones, nadie habla con claridad. ERC y CUP guardan silencio, mientras que desde el PDeCAT, ayer se dijo que contemplaban la posibilidad, aunque dando a entender que quizá optarían por una lista propia.

En ese debate metió el morro el exconseller de Empresa Santi Vila, que dimitió por su oposición a la proclamación de la República y que ayer se postuló para liderar la candidatura de los antiguos convergentes. En una polémica entrevista en RAC1, Vila aseguró que «nunca» dio a sus departamentos «instrucciones sobre preparar la independencia porque no veía esta jugada» y acusó de «ingenuidad» a sus excompañeros de Ejecutivo. Acto seguido, aseguró que, de presentarse como candidato, incluiría en su programa un unicornio en forma de «independencia pactada a la escocesa».

Vila pidió ayer primarias en su partido, en el que suenan también como candidatos la exconsejera Neus Munté o el titular de Territorio, Josep Rull, uno de los miembros del Govern en Barcelona. La decisión debe tomarse en los próximos días, y puede condicionar, muchísimo, la estrategia de todo el independentismo.B.Z.