La Comisión Federal de Comunicaciones –FCC– de Estados Unidos escenificó ayer a través de una votación el punto y final de la regulación que, impulsada por Barack Obama hace tres años, pretendía asentar las bases de una neutralidad en la red encaminada a definir internet como un servicio público y, de esta manera, impedir que las empresas proveedoras de internet tuviesen potestad para bloquear o ralentizar el tráfico de ciertos portales a su antojo.

En una reunión que fue llamada por la propia Comisión “Restaurar la libertad de internet”, se dispuso acabar de facto con las regulaciones de Obama a excepción de aquellas relativas a la transparencia, que únicamente supeditan a las empresas a hacer públicas las decisiones que tomen sobre tráfico en las páginas web. Una vez aprobada la nueva regla, queda en manos de la empresa proveedora de servicios de internet decidir a qué páginas pueden o no entrar sus clientes, incluyendo medios de comunicación, webs de vídeos o cualquier otro contenido.

Esta polémica decisión ha provocado múltiples protestas entre grupos defensores de los consumidores, que llegaron a pedir que la votación fuese suspendida hasta que se estudiaran los 22 millones de comentarios que los ciudadanos habían dedicado a la propuesta de la FCC. A este coro se han sumado legisladores republicanos que han mostrado su total disconformidad a esta medida que favorece por completo a las grandes operadoras.

El presidente de la FCC, Ajit Pai, ha negado que los cambios vayan a aumentar costes al usuario, frenar la velocidad o permitir bloqueos. Entre sus argumentos figuran que nada de esto ocurría antes de 2015 y que, por el contrario, la reforma ha reducido la inversión en banda ancha hasta el punto que de continuar esta caída no solo peligra la velocidad en la red sino que el consumidor se enfrenta a subidas de los precios.