La ley navarra que establecía ayudas para hacer frente al copago farmacéutico aplicado por el Gobierno español ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, que tiene ya una larga lista de 17 actuaciones contra normas navarras, la práctica totalidad de ellas de avanzado contenido social.

La ley navarra del copago farmacéutico fue aprobada en 2012 en el Parlamento con los votos de Aralar. NaBai, Bildu, I-E y PSN y el rechazo de UPN y PP y tenía como objetivo mitigar los efectos de esta medida aplicada por el Gobierno español en la ciudadanía navarra con menos rentas, como pensionistas, mayores, viudas, personas con una minusvalía superior al 33% y personas en situación administrativa irregular.

La sentencia del TC destaca que corresponde al Estado fijar la política farmacéutica y subraya que una administración autonómica no puede tomar medidas en este ámbito para mejora la calidad de vida la ciudadanía

La portavoz del Gobierno navarro, María Solana, mostró su preocupación por la actitud del Gobierno español de recurrir «ya demasiadas veces» leyes aprobadas por el Parlamento navarro, «que tienen el respaldo de la mayoría de la Cámara y por la tanto un respaldo social amplio».

En una línea similar, la portavoz de EH Bildu Bakartxo Ruiz calificó de grave la sentencia del TC porque conculca derechos de la ciudadanía navarra e impulsa una uniformización a la baja.

«Incide de manera determinante en la exclusión, en el recorte de derechos y supone un nuevo ataque al autogobierno de Navarra, a poder tomar nuestras propias decisiones. Incluso las competencias que tenemos, bastante laminadas y restrictivas, se restringen todavía más. Al leer la sentencia las conclusiones son demoledoras. Nos impide adoptar medidas para mejorar la situación de personas vulnerables. Además, impone un café para todos, uniformando y homogeneizando a la baja una prestación», destacó Ruiz, que añadió que «Madrid tiene la sartén por el mango, no hay bilateralidad entre el Estado y Navarra».

Koldo Martínez (Geroa Bai), por su parte, criticó «el nulo respeto del Gobierno del PP por las leyes emanadas del Parlamento de Navarra y que representan a la mayoría de la ciudadanía» y lamentó que el proceso de recentralización afecte a los derechos de las personas más vulnerables.

Podemos-Ahal Dugu calificó de «ataque a la autonomía y a las medidas que intentan revertir las consecuencias de los recortes» la anulación de la ley.