A los pocos minutos de que se hiciera pública la investigación sobre tortura y malos tratos dirigido por el forense Paco Etxeberria, el PSE dejó clara su disconformidad tanto con los objetivos de la investigación como con su contenido, y remarcó además que no secundará las iniciativas para desarrollarlo. El asunto, por su tremenda afectación a los derechos humanos (se refieren 3.415 víctimas) parecía suficientemente serio para provocar una desavenencia importante en el Ejecutivo de Lakua, que es quien hizo el encargo, pero la posición oficial ha sido más que curiosa: reducir el tema a una «pequeña diferencia», en palabras del portavoz, Josu Erkoreka, tras el Consejo de Gobierno ayer.

Erkoreka dijo ver «legítimas» las críticas al documento, que enumera 4.113 casos de tortura a ciudadanos de la CAV desde 1960 a la actualidad, aunque defendió el «rigor» del equipo del Instituto Vasco de Criminología que lo ha elaborado y el «innegable prestigio» de Paco Etxeberria. Luego disculpó al PSE haciendo hincapié en que el trabajo fue encargado en la legislatura pasada, cuando no formaba parte del primer Gobierno Urkullu. Y en consecuencia, lo situó como «pequeñas diferencias» que «para nada ponen en cuestión que ambos partidos compartimos la apuesta del Gobierno Vasco para reconocer y reparar las vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia policial»

¿Habrá reparación?

El reconocimiento a las víctimas de esta lacra es automático y lo citó Jonan Fernández al presentar el informe el lunes junto a Etxeberria y Laura Pego, pero habrá que ver si se articula una reparación y en qué términos. De momento el trabajo se remite a la Ponencia de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz, que según Erkoreka será el foro que determine «qué medidas» se aplican.

El marco en que se producirá todo ello, anticipa Lakua, es la Ley de Víctimas aprobada en 2016 y que ha sido bloqueada por el Tribunal Constitucional, lo que supone otra dificultad.

Erkoreka precisó en este punto que si bien el PSE se desmarca del informe sobre torturas sí apoyo esa ley de víctimas y que ambos socios «están comprometidos en su desarrollo. Compartimos plenamente las políticas relacionadas con el reconocimiento y reparación de las víctimas de actuaciones policiales, aunque pueda haber discrepancias sobre el alcance, contenido y metodología de algunos informes», añadió el portavoz.

Tras el PSE, el PP y Madrid

El PSE fue el primer en poner pie en pared contra el reconocimiento de la práctica masiva de la tortura, pero le siguieron ayer lógicamente tanto el PP como la Delegación del Gobierno español en la CAV (como era de esperar, en Madrid prefirió ocultarse la noticia e imperó el silencio de los responsables políticos).

El parlamentario Carmelo Barrio indicó, en la línea del PSE, que el informe «avala la brutal y letal estrategia de la teoría del conflicto», «no cuenta con un equilibrio jurídico» y se reduce a «una relación de testimonios». Acusó a Lakua de «propiciar desconfianza y descrédito hacia el Estado de Derecho».

El delegado Javier de Andrés, por su parte, cargó contra los autores del informe indicando que el trabajo «carece de independencia», «tiene una indudable intencionalidad política»&flexSpace;y «se desacredita a sí mismo».

De visita en Gasteiz, el secretario del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, Jeroen Schokkenbroek, apoyó «todos los esfuerzos que se realizan para que la verdad salga a la luz y revelar lo que ha ocurrido en tiempos difíciles».

 

EH Bildu concluye que se torturó por «decisión política»&flexSpace;y emplaza al PSE a aceptarlo al fin

Obviamente a EH Bildu no le ha sorprendido la certificación oficial de la tortura, una lacra que este sector político ha denunciado públicamente desde siempre. Pero el parlamentario Julen Arzuaga sí quiso destacar ayer que del trabajo encargado por Lakua se desprende que maltratar a miles de ciudadanos vascos fue «decisión política»&flexSpace;y se ha convertido en un método «homologado» desde la Audiencia Nacional española.

En una rueda de prensa de valoración, Arzuaga expresó el «reconocimiento» de EH Bildu a un informe muy exhaustivo. Destacó Arzuaga la importancia de verificar tantos casos porque supone a la vez «rescatar del olvido» a las víctimas. En relación a ellas, planteó que tras este informe toca «establecer mecanismos eficaces y ambiciosos de reconocimiento y reparación». «Sería un fracaso identificarlas y no restaurarlas en su dignidad e integridad física y moral», añadió.

Se detuvo también en la cuestión de la impunidad: «Hay tortura, pero no hay torturadores. Existen unos pocos condenados, que inmediatamente fueron indultados, premiados y ascendidos», recordó Julen Arzuaga. El informe cita exactamente 20 condenas firmes en este periodo, entre un total de 4.113 casos y asumiendo que en realidad serán bastantes más.

EH Bildu constata a la luz del informe que la tortura se aplicó para causar «dolor y terror» a una parte importante de la ciudadanía vasca, así como para «arrancar» declaraciones autoinculpatorias o acusatorias para terceros, y poder así «imponer condenas astronómicas». Esto debería llevar, siguió Arzuaga, a «revisar» el funcionamiento de la Justicia española.

Hizo un paréntesis extenso para el PSE, tras la posición adoptada el lunes y que esta fuerza política califica de «vergonzosa y lamentable». Arzuaga la atribuyó a la imposibilidad de asumir «responsabilidades que señalan directamente al PSOE». El informe incide en el alto volumen de torturas aplicadas en los años 80, cuando este partido gestionaba el Gobierno español con Felipe González al frente. Para el parlamentario, en el momento actual se muestra además que el PSE es «incapaz de asumir todo el universo de vulneraciones de derechos» porque «deja en feo el relato que intentan imponer».

A partir de ahora y con este estudio en la mano, EH Bildu explicó que seguirá trabajando en el Parlamento de Gasteiz para impulsar iniciativas de reconocimiento y también de reparación. La Ponencia de Convivencia lo tendrá en su mesa.

 

La Ertzaintza recibe el informe, ELA lo asume

ELA-Ertzaintza hizo suya la posición fijada por Jonan Fernández para este informe al asegurar que este cuerpo no tienen condenas por torturas y que ha desarrollado mecanismos de prevención, pero añadiendo que ello no debe llevar a «una lectura autocomplaciente»&flexSpace;y que hay que tomar «todas y cada una de las medidas que estén en su mano para garantizar que no exista nunca más ninguna denuncia de torturas o malos tratos». Insta a ello al Departamento de Seguridad. En su nota revela además que Jonan Fernández y Paco Etxeberria presentaron el informe a la Ertzaintza el mismo lunes en las instalaciones de Oiartzun.GARA

 

Valoraciones

«Aquello que los tribunales venían reconociendo en casos puntuales encuentra ahora sustento documental científico»

U. BARKOS (GOB. NAFARROA)

«Desde el PP no vamos a tolerar que se manchen la imagen de la Ertzaintza ni de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado»

CARMELO BARRIO (PP)

«Apoyamos cualquier estudio serio que se haga, y este lo es: es importante examinar qué ha ocurrido, aceptar las cosas y andar para adelante»

J. SCHOKKENBROEK (CPT)

«Estas son pequeñas diferencias que para nada ponen en cuestión que PNV y PSE compartimos reconocer y reparar las vulneraciones»

JOSU ERKOREKA (LAKUA)

«Fue ETA la que ejerció tortura sistemática contra gente a la que secuestró, interrogó y practicó la violencia de persecución»

COVITE

«Este informe supone una valiosa herramienta de trabajo y corrobora una verdad a gritos, hasta ahora mutilada»

EGIARI ZOR

«Este informe nos sitúa definitivamente en la cuestión de cómo afrontar todos los casos sin resolver o sin esclarecer, sean de quien sea»

FORO SOCIAL PERMANENTE

«Es muy positivo que nunca se haya acreditado tortura de la Ertzaintza. Se debe a su profesionalidad y defensa de los derechos humanos»

SINDICATO ESAN

«La forma en que se acreditan las torturas en un sistema democrático como España es la Administración de Justicia»

J. DE ANDRÉS (GOB. ESPAÑOL)

«Reconocer la tortura es algo que ha hecho el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no supone alentar la teoría del conflicto»

I. MARTÍNEZ (EP)