2013/11/19

Barcina y Fiscalía insisten en pedir cárcel por los tartazos contra el TAV

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por Yolanda Barcina, insisten en pedir penas de entre cinco años y seis años y tres meses para los cuatro acusados por los tartazos que recibió la presidenta de Nafarroa en una protesta contra el TAV en 2011. Los imputados negaron estar en Toulouse, lugar de los hechos, mientras que sus defensas insisten en la «desproporción» y en que el Ministerio Público «tuerce la ley», ya que la causa fue archivada en el Estado francés.

Alberto PRADILLA MADRID
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Barcina y Fiscalía insisten en pedir cárcel por los tartazos contra el TAV

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española y la presidenta de Nafarroa, que ejerce la acusación particular, insisten en pedir abultadas penas de cárcel para los supuestos autores de los tartazos que recibió la jefa del Ejecutivo de Iruñea durante una protesta contra el TAV ocurrida durante la reunión del pleno de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en Toulouse (Estado francés), el 27 de octubre de 2011. Así lo mantuvieron ayer durante el juicio contra Gorka Ovejero, Julio Villanueva, Ibon García y Mikel Alvarez. En concreto, el Ministerio Público, el mismo órgano que promovió la exculpación de Barcina del caso de los sobresueldos de la CAN, solicitó una condena de cinco años de cárcel para cada uno de ellos y 2.700 euros de multa. Mientras tanto, la acusación particular redujo levemente su propuesta inicial. Para Ovejero, teniente de alcalde de Arruazu en el momento de los hechos, solicita seis años y tres meses de prisión (en su escrito final había reclamado nueve), mientras que para el resto, se suma a los cinco que ya demandaba la fiscal Blanca Rodríguez. Las defensas, por su parte, abogaron por la libre absolución de sus representados, que negaron haber estado en la localidad occitana el día en el que Barcina recibió los tartazos. Ahora, la decisión está en manos del tribunal, presidido por Fernando Grande-Marlaska, y del que también forman parte Manuela Fernández (ponente) y Nicolás Poveda.

«No es una broma, sino que estamos ante un hecho más grave», defendió la fiscal Rodríguez durante su exposición final, en la que no cesó de referirse a la protesta como «atentado». Según su versión, «no están atacando a Yolanda Barcina, sino a la presidenta de Nafarroa», debido a «su apoyo a una infraestructura», en referencia al TAV. En este sentido, la representante del Ministerio Público se apoyó en giros lingüísticos para especificar que las tartas «no se arrojaron, sino que se estamparon», argumentando que, en casos de este tipo, no se toma en consideración que la persona haya sufrido heridas (lo que no ocurrió en el caso de Barcina, que ni siquiera presentó parte de daños) sino que basta con el hecho en sí. «Se interrumpió un acto público y la presidenta continuó porque se trata de una mujer fuerte», llegó a afirmar, para terminar dando por válido que la mera exhibición de los vídeos sirve para determinar que fueron los acusados quienes lanzaron las tartas.

«Hemos demostrado que la señora Barcina quedó desvalida y desorientada», fue el argumento esgrimido por un letrado de la administración de Nafarroa quien representó a la acusación particular. Esta, además, cuenta con una dotación propia dentro de los presupuestos de 2011, según consta en la documentación aportada a la causa. Su razonamiento estuvo más centrado en los supuestos daños, «físicos y sicológicos» que la presidenta aseguró haber padecido tras recibir el impacto de tres tartas. También insistió en la mayor «gravedad» de los hechos por tratarse de la jefa del Ejecutivo. No obstante, el abogado teminó adhiriéndose a la petición fiscal de cinco años en el caso de Villanueva, García y Alvarez, aumentándola a seis años y tres meses para Ovejero, para quien consideró «agravante» el hecho de que ejerciese cargo público cuando ocurrió la protesta.

«Tribunal iraquí»

«Las acusaciones pretenden que la Audiencia Nacional se convierta en un tribunal iraquí», fue el resumen del juicio realizado por el abogado Gonzalo Boyé en el exterior de la sede del tribunal especial en San Fernando de Henares. Con este símil, el letrado recordaba el caso de Muntaser Al Ziadi, periodista condenado a tres años de cárcel por lanzar sus zapatos al expresidente estadounidense George W. Bush durante una comparecencia en Bagdad. «Fue un escándalo para Occidente», recordó. La «desproporción» de las penas solicitadas si se comparan con protestas similiares ocurridas en otros países europeos es uno de los argumentos que esgrime la defensa.

No obstante, sus razonamientos no se quedan ahí. En primer lugar porque, como afirmó el letrado, «ni acusación ni Fiscalía han hecho sus deberes». Se refería así a la identificación de los cuatro acusados o a la falta de instrucción realizada previamente. De hecho, ninguno de los imputados, que solo respondieron a las preguntas de sus letrados, asumió haber estado en Toulouse el día en el que Barcina recibió los tartazos. En concreto, Ovejero relató que se encontraba en un centro de macrobiótica en los Pirineos, Villanueva en Iruñea y Garcia y Alvarez en sus respectivos domicilios. Cabe recordar que los tres primeros fueron arrestados en Euskal Herria dos días después del acto de protesta, mientras que el último fue citado a declarar ante la Audiencia Nacional como imputado. En su testimonio, todos ellos afirmaron ser amigos desde hace tiempo y participar en diversas actividades en contra del TAV. «Pretenden perseguir y criminalizar estas movilizaciones», resumió García.

Los subordinados de Barcina

Lo cierto es que, tal y como denunciaron los abogados defensores, Fiscalía y acusación particular se basan en un vídeo y en las declaraciones de los policías forales para determinar la presencia de los cuatro en Toulouse. Una grabación que fue recusada ayer por no tratarse de la original y unos relatos que llegan de boca de unos funcionarios cuya máxima responsable es, precisamente, Yolanda Barcina. Pese a ello, los cuatro uniformados que ayer presentaron declaración afirmaron que su testimonio no estaba condicionado por su carácter de subordinados a la presidenta de Nafarroa. Uno de ellos, que ejercía como guardaespaldas, llegó a asegurar que identificó a tres de ellos y señaló específicamente a Villanueva por su relación con los movimientos sociales. Otro también reiteró su señalamiento, realizado después de ver fotografías en comisaría.

«Nos encontramos ante un intento por parte de la Fiscalía de torcer la ley y provocar que se enjuicien tres tartazos cuando estos hechos estaban ya archivados en Francia porque no es delito», resumió, en una rueda de prensa celebrada por la tarde, el abogado Fidel Sánchez. En su opinión, el caso se trata de una «cosa juzgada» puesto que las autoridades de París ya rechazaron investigarlo por considerar que no tenía entidad. Los letrados también pusieron en cuestión el hecho de que fuese la Policía Foral quien llevó a cabo la investigación sin llegar siquiera a coordinarse con sus homólogos del Estado francés. De hecho, y pese a que en el momento de las detenciones el Gobierno de Barcina alardeó sobre la «estrecha colaboración» con la Gendarmería, ni siquiera se llegaron a cotejar las muestras de ADN tomadas durante la detención con aquellas recogidas por los policías franceses en el momento de la protesta. Una investigación, la de los tres tartazos, que constituye la excepción para la Policía Foral, que tal y como reconoció ayer uno de los agentes, nunca ha hecho pesquisas fuera de Nafarroa.

«Estamos ante una farsa provocada por Fiscalía y acusación», insistieron los abogados defensores, que recordaron que ni siquiera se han citado a declarar a testigos presenciales. Además, insistieron los hechos no son considerados delito en el Estado francés, por lo que Madrid no tendría «jurisdicción». Por todos estos motivos, confiaron en la libre absolución.

UPN, PSN y PP insisten en condenar el merengue

Los votos de UPN, PSN y PP ratificaron la condena al lanzamiento de tartas a Yolanda Barcina que la Junta de Portavoces del Parlamento navarro ya aprobó en 2011. Carlos García Adanero (UPN) justificó la necesidad de volver a votar la declaración institucional que ya fue aprobada hace dos años señalando que «se está intentando transmitir que lo ocurrido fue una cosa menor».

Maiorga Ramírez, portavoz de Bildu, acudió a la sala donde se realizan declaraciones tras la reunión de la Mesa y Junta portando una tarta de merengue. «Esta es la peligrosa arma del delito por lo que están pidiendo años de cárcel», proclamó.

Aralar-NaBai presentó una enmienda de sustitución, rechazada por UPN, PSN y PP, en la que se instaba a Barcina a retirar urgentemente las acusaciones penales que ha promovido y «se pronuncie por la no criminalización de aquellos hechos, que ya fueron objeto de calificaciones políticas en su día», explicó Patxi Zabaleta.

José Miguel Nuin (I-E) recordó que su grupo votó a favor de la declaración de condena en 2011, pero señaló que volver a votarla ayer podría considerarse como «una intromisión a en la Justicia». Martxelo DÍAZ

Barcina: «Fue una agresión contra todos los navarros»

«Fue una agresión contra todos los navarros, no solo contra mí», fue lo que acertó a responder la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina, cuando fue preguntada por los periodistas acerca de si consideraba justa una condena de nueve años por lanzar una tarta. Tras su declaración ante el tribunal, la jefa del Ejecutivo navarro y presidenta de UPN compareció también ante la prensa en el hall de entrada de la Audiencia Nacional. En el exterior, decenas de personas lanzaban consignas de apoyo a los cuatro acusados. En esta ocasión Barcina no hizo mención al origen francés del merengue de la repostería, aunque insistió en los perjuicios supuestamente ocasionados por los tartazos e incluso llegó a calificar como «atentado» la protesta. Frente su primera reacción en Toulouse, en el momento en el que recibió los tartazos, Barcina reiteró ayer el «daño» padecido. «Reclamo justicia ante esta agresión», fue el principal mensaje que quiso lanzar en la sala y que reiteró posteriormente ante los informadores. «Me causó sorpresa, daño y desorientación y me hizo mucho daño. Me levanté por instinto, no podía ver y una persona (quien al final resultó ser su escolta y a quien afirmó haber reconocido por la voz) me sacó de la sala. Me podían haber dado los golpes que quisieran», argumentó.

En su declaración ante el juez, Barcina quiso poner énfasis en los temores padecidos después de los tartazos. Una visión en la que profundizó con los periodistas, con quienes habló para posteriormente abandonar la Audiencia. «Nunca me habían agredido», afirmó, reiterando que había participado en decenas de actos públicos pero que hasta aquel momento no había percibido lo «fácil» que resulta agredir a un cargo público. De paso, también aprovechó para cargar contra Bildu e insistir en que «quien no condena a ETA» no puede cuestionar su versión sobre los tartazos. A.P.

APOYOS. Un autobús se desplazó desde Euskal Herria para apoyar a los acusados, lanzando consignas contra el TAV. También hubo una delegación de observadores, entre quienes se encontraba August Gil Matamala. Por la tarde, decenas de personas participaron en un acto y parodia en la Puerta del Sol.