Las tres diputaciones y el Gobierno de Gasteiz cerraron ayer el acuerdo sobre el pago de la multa por el retraso en la devolución de las «vacaciones fiscales». Una sanción, impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a costar 31 millones a la ciudadanía de la CAV. «Vamos hacer frente a la sentencia mediante un esfuerzo financiero conjunto», explicó el consejero de Economía y Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, que anunció que el Ejecutivo autonómico realizará una contribución presupuestaria extraordinaria de 21,01 millones de euros. El resto de la sanción -8,98 millones de euros- será abonado por las instituciones forales, que pagarán en función de los coeficientes horizontales vigentes. Así, Araba desembolsará 1,43 millones de euros, Bizkaia abonará 4,47 millones y Gipuzkoa asumirá el 33,06% de la multa, lo que se traduce en 2,97 millones de euros.

El reparto de la multa, cuya cuantía será abonada la próxima semana al Gobierno español, protagonizó la reunión extraordinaria del Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP), convocada en Lakua. La cita puso de manifiesto las desavenencias existentes entre el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y su homólogo guipuzcoano, Martín Garitano, que compareció solo ante los medios de comunicación. «Tenemos una visión diferente de las circunstancias que nos han traído aquí y creemos que es mejor explicar nuestra posición», señaló el diputado general, que culpó a las formaciones conservadoras de haber dado pie a la sanción.

«Es evidente que las responsabilidades corresponden a quienes gobernaban cuando se demoró de forma voluntaria la recuperación de las ayudas, que eran el PNV y el PP, con la colaboración de Confebask», explicó Garitano tras reiterar su «más profunda crítica a las decisiones que nos han traído a esta situación. Tanto en lo que corresponde a las propias vacaciones fiscales, como a la demora en la recuperación de las mismas».

Antes de finalizar su intervención, el diputado general de Gipuzkoa avanzó que la Diputación foral pagará la sanción con dinero del presupuesto ordinario de la propia institución. De este modo, evitarán que la multa perjudique a los ayuntamientos del herrialde.

Discurso «demagógico»

Las palabras de Garitano despertaron el malestar de Bilbao, que mostró sus discrepancias sobre los porcentajes acordados en el seno del CVFP, y acusó a sus vecinos costeros de haber tardado más en recuperar las ayudas fiscales. «Menos discursos demagógicos, porque la última administración que recuperó las ayudas fue la Diputación foral de Gipuzkoa, ya que el último expediente fue de julio de 2013», aseguró el diputado general, que advirtió de que «todos tenemos un grado de responsabilidad, que, en el caso de la Diputación de Bizkaia no es de 4,57 millones de euros».

Tras recordar que, a su parecer, las cuantías aportadas por las diputaciones «no están vinculadas al tanto por ciento de responsabilidad que pudiéramos tener en el origen de la multa», Bilbao recordó que su Gabinete podía haber entrado en otra dinámica: «La de discutir cuánto correspondía a cada uno... y entonces igual estaríamos en otras coordenadas».

Por su parte, el diputado general de Araba, Javier de Andrés, mostró su satisfacción por un acuerdo «justo». «El pago de la sanción se hace conforme a la capacidad de pago de cada uno», remarcó el dirigente derechista, que anunció que la Diputación alavesa cuenta con una previsión de fondos para hacer frente a la sanción. «Teníamos previsto esto y no tendrá repercusión en la ejecución del presupuesto foral», subrayó.

Cuestionado por las palabras de Garitano, De Andrés afirmó que el acuerdo se adoptó por unanimidad. «El acuerdo se ha adoptado por consenso, y no ha habido discrepancias en las declaraciones que han realizado unos y otros», concluyó.

De los fondos de contingencia

Ricardo Gatzagaetxebarria, el único cargo público que decidió comparecer en la sala de prensa de Lakua, también puso en valor la importancia del acuerdo, cerrado el pasado lunes. En este sentido, detalló que las cuatro instituciones han estado trabajando durante los últimos diez días en los problemas derivados de la sentencia de Luxemburgo. Un fallo que tiene un impacto financiero «excepcional y extraordinario» en la CAV.

Asimismo, detalló que el Gobierno de Urkullu cuenta con «margen» presupuestario para hacer frente al pago de los 21,01 millones de euros, el 70% del total de la multa. Según explicó, el Ejecutivo jeltzale utilizará los fondos de contingencia para hacer frente a «una situación de estas características». Por último, el consejero negó que el pago de la sanción por la demora en la recuperación de las ayudas vaya a repercutir sobre los servicios públicos, o se traduzca en nuevos recortes.