La Diputación de Gipuzkoa y Bidegi realizaron entre 2008 y 2011 obras por valor de 7,5 millones de euros a petición de ADIF y ETS para acomodar sus infraestructuras a las necesidades del Tren de Alta Velocidad. Y ahora ni una ni otra empresa aparecen dispuestas a hacer ese pago. El problema reside en que no hay ningún convenio ni contrato que recoja a quién corresponde financiar esas obras. Según la nota hecha pública ayer por la Diputación, las obras se ejecutaron en base a un «acuerdo verbal» cuando tanto el ente foral como el Gobierno de Lakua, del que depende ETS, estaban gobernados por el PNV.

El montante mayor de esos 7,5 millones corresponde a la modificación del viaducto del Segundo Cinturón de Donostia. Cuando las obras ya estaban adjudicadas, ADIF solicitó un cambio en los pilares del viaducto del Urumea para el encaje de la futura estación del TAV. Según la solicitud de modificación de obra realizada por Bidegi el 12 de diciembre de 2007, el coste adicional de este cambio supuso 4,5 millones de euros. El resto del dinero se fue en la construcción de tres pasos inferiores en las variantes de Andoain, Hernani y Martutene.

ADIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias dependiente del Gobierno español, es el que diseña las obras del Tren de Alta Velocidad. Y Euskal Trenbide Sarea, empresa pública del Ejecutivo de Lakua, es la que se encarga de su ejecución en el ramal guipuzcoano, en base a un convenio entre ambas administraciones firmado en 2006.

La Diputación de Gipuzkoa accedió a las peticiones de los impulsores del TAV y realizó las obras «a pesar de no haber firmado convenio alguno», lo que el actual Gobierno foral de Bildu califica de «sorprendente».

Continuas reclamaciones

La Diputación de Gipuzkoa, según sus propias declaraciones, lleva años reclamando sin éxito esos 7,5 millones tanto al Gobierno de Lakua como al de Madrid, puesto que entiende que existió un acuerdo verbal. Ante la negativa a pagar, tanto la Diputación como Bidegi, que realizó las obras, han puesto en marcha los trámites para una reclamación judicial.

La diputada de Movilidad y Ordenación Territorial, Larraitz Ugarte, afirmó ayer que «el Gobierno Vasco no ha pagado y no parece dispuesto a pagar, con el pretexto de que corresponde a ADIF, del Gobierno español, abonar ese importe. ADIF, sin embargo, responde que es el Gobierno Vasco quien tiene que pagar. Nosotros se lo hemos reclamado a las dos instituciones, pero creemos que es el Gobierno Vasco a quien corresponde abonar ese importe, ya que en 2006 firmó un convenio con ADIF para asumir las obras del TAV en Gipuzkoa, y la Diputación Foral de Gipuzkoa ejecutó dichas obras entre 2008 y 2011».

Petición de Arantza Tapia

La Diputación de Gipuzkoa sostiene que su petición a Lakua esta avalada por la actuación de sus antecesores. En concreto, la anterior diputada de Movilidad y actual consejera del Gobierno de Lakua, Arantza Tapia, remitió en marzo de 2011 al entonces viceconsejero de Transportes, Ernesto Gasco, una propuesta de convenio para unas obras en Pasaia que incluía descontar el «coste de las actuaciones sufragadas por la Diputación y Bidegi como consecuencia de las obras ferroviarias ejecutadas por ETS» y, con ellas, el desglose de las actuaciones antes descritas.

Por todo ello, Larraitz Ugarte pide al Ejecutivo Lakua que pague cuanto antes ese dinero «que debe a la ciudadanía guipuzcoana», sin esperar a llegar a juicio. Y le recuerda que para otras cosas del TAV, una obra que no le corresponde, ya tiene dinero.