La «solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña», que fue presentada por Nuclenor al Ministerio español de Industria, Energía y Turismo el pasado 27 de mayo, continúa su tramitación tal como estaba previsto tras las reformas legales realizadas ad hoc por el Gobierno de Mariano Rajoy. Por ello, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se reunió ayer y aprobó una instrucción técnica complementaria (ITC) sobre la documentación y los requisitos adicionales asociados a la petición formulada por la empresa que gestiona la planta burgalesa, participada al 50% por Iberdrola y Endesa.

La ITC fue aprobada por cuatro votos a favor y el voto en contra de la consejera Cristina Narbona -la exministra de Medio Ambiente por el PSOE ya mostró hace un año su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno del PP resaltando que «se ha modificado de forma apresurada la legislación de seguridad nuclear para dar salida a un reactor en particular»-.

Paradójicamente, el texto aprobado por sus compañeros tampoco es muy propicio para los intereses de Nuclenor, ya que impone una serie de requisitos que, según comentaron grupos ecologistas, harán inviable, incluso desde el punto de vista económico, el proyecto de volver a activar Garoña.

Amplio listado

La comentada ITC plantea requisitos asociados tanto a «la actual situación de cese de operación» como a «la operación a largo plazo», lo que indica que el CSN contempla teóricamente la posibilidad de que la central siga funcionando hasta el año 2031, como pretende Nuclenor.

Pero para ello, Garoña será sometida, entre otras pruebas, a un análisis para verificar el estado funcional y la integridad estructural de la vasija del reactor y de sus componentes, así como a la inspección para descartar defectos similares a los detectados en la central belga de Döel, una de las pocas «gemelas» de Garoña que siguen en pie y en la que se hallaron miles de pequeñas fisuras en el acero de su vasija.

Y también se le requerirá que refuerce sus «capacidades frente a accidentes severos», aplicando las mejoras «extraídas de las lecciones aprendidas en el marco del accidente de Fukushima» y de las correspondientes «pruebas de resistencia realizadas a nivel europeo».

En este paquete se incluyen, entre otras propuestas a cumplimentar, la construcción de un centro alternativo de gestión de emergencias (CAGE) o la instalación de equipos recombinadores de hidrógeno en el edificio del reactor para evitar explosiones de este gas.

Esta instrucción técnica establece que Nuclenor deberá presentar ante el CSN, antes del próximo 30 de setiembre, una previsión de fechas para el cumplimiento de todos los requisitos solicitados.

A la espera

La reacción de Nuclenor fue muy escueta, limitándose a indicar que esperará a tener conocimiento oficial por parte del CSN para «valorar adecuadamente el contenido de las decisiones adoptadas por el Pleno de ese organismo». Recordó que, junto a «la solicitud de renovación del permiso de funcionamiento» de Garoña, ya remitió una carta en la que manifestaba su «plena disposición para completar o aclarar cualquier aspecto de la documentación presentada».

Una valoración muy diferente fue la de Ecologistas en Acción, que considera que lo más llamativo de la ITC que se hizo pública ayer es la relación «exhaustiva de todos los problemas que tiene Garoña, además de recoger perfectamente nuestras críticas sobre la situación de esta central». «Cabe preguntarse si no son suficientes problemas para decretar el cierre de la planta», declaró a la agencia Efe Paco Castejón, portavoz de energía nuclear de esa organización.