La Audiencia Nacional española ha enviado los autos de procesamiento a quince ciudadanos vascos, detenidos en setiembre de 2010 y enero de 2011 por orden del juez Fernando Grande Marlaska. «Cuando ya han pasado cuatro años de nuestra detención y encarcelamiento, este proceso sin sentido continúa», denunciaron ayer los imputados, encausados en los sumarios 369/2008 y 285/2010. Dos procesos basados, tal como explicaron los implicados, en denuncias policiales interpuestas tras «largas sesiones de tortura».

«Así no vemos abocados a juicios sin una mínima garantía jurídica ni democrática», añadieron Egoitz Garmendia, Aniaiz Ariznabarreta, Erika Bilbao, Eneko Compains, Ugaitz Elizaran, Urko Asier Aierbe, Sandra Barrenetxea, Jose Aldasoro, Rosa Iriarte, Gorka Zabala, Iker Moreno, Iñigo Gonzalez, Patxi Arratibel y Gorka Mayo, que, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, negaron legitimidad alguna a la Audiencia Nacional y recordaron que «hacer política no es delito». En este sentido, los procesados rechazaron la vigencia de juicios políticos contra la ciudadanía vasca, y exigieron al Estado español y la Audiencia Nacional que pongan fin a esta «locura represiva». «La voluntad de las ciudadanía de Euskal Herria no puede cercenarse a través de la violencia. Que sean conscientes aquellos que pretenden colapsar el nuevo tiempo abierto en nuestro pueblo, que persistiremos en nuestra reivindicación a favor de una resolución democrática del conflicto», manifestaron.

Llaman a seguir trabajando

Las personas afectadas por estos procesos, a las que en los autos se acusa de formar parte de la dirección de Ekin y de otras organizaciones políticas ilegalizadas, instaron a la ciudadanía y a los agentes sociales, sindicales y políticos a seguir trabajando «a favor de los derechos de Euskal Herria. Nos jugamos el futuro, y únicamente entre todos conseguiremos finalizar con los juicios políticos».

En el auto de procesamiento del sumario 285/2010, al que ha tenido acceso GARA, el juez Javier Gómez Bermúdez sostiene que las actividades políticas desarrolladas por Zabala, Moreno, Gonzalez, Arratibel y Mayo pueden constituir un delito de «integración en organización terrorista» y de «colaboración con organización terrorista».

En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional atribuye a Gorka Mayo y Gorka Zabala responsabilidades en Batasuna; a Iker Moreno e Iñigo Gonzalez en Segi; y a Patxi Arratibel en Askatusuna.