El Fondo Monetario Internacional vuelve a estar envuelto en polémica tras la dimisión en 2011 de su anterior director, el también francés Dominique Strauss-Kahn, que tuvo que dejar el cargo a causa de un escándalo sexual.

Ayer, la Corte de Justicia de la República, una instancia que juzga exclusivamente a los ministros o exministros por delitos cometidos durante sus mandatos, imputó a la actual directora del FMI, Christine Lagarde, por «negligencia» en el caso de las presuntas irregularidades en el pago de una indemnización millonaria al empresario Bernard Tapie.

Pese a ello, en declaraciones a medios franceses, Lagarde afirmó que proseguirá su labor al frente del FMI, y anunció que ayer mismo viajaría a la sede del organismo internacional en Washington. El portavoz del Gobierno francés, Stéphane Le Foll, afirmó que el Ejecutivo no exigirá su dimisión, que, dijo, «concierne solo al FMI».

La defensa de Lagarde puntualizó que la imputación de Lagarde es por «negligencia» y no por «estafa en banda organizada», como sucede con el resto de los implicados, entre ellos su jefe de gabinete de la época, Stéphane Richard, actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange, y el propio Tapie.

Los abogados de Lagarde, que consideran la imputación «sin fundamento», apelarán la decisión de la Corte de Justicia de la República, que la ha interrogado en cuatro ocasiones, la última el pasado martes, cuando permaneció 15 horas testificando ante los jueces.

Hasta ahora, al término de esos interrogatorios, los magistrados no habían pasado de la barrera de «testigo asistido» atribuido a la directora del FMI, que se había refugiado de esa situación para mantener su puesto en el FMI. Lagarde se enfrenta ahora a una imputación por un delito penal que en el Estado francés está penado con hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa.

Venta de la empresa Adidas

Los jueces le reprochan haber sido negligente en el caso de la indemnización de más de 400 millones concedida por el Estado a Tapie en 2007 como compensación por la venta de la empresa de material deportivo Adidas.

Confiscado a Tapie, ese grupo fue atribuido al banco Crédit Lyonnais, de titularidad pública, que lo vendió en 1993 al empresario Robert Louis-Dreyffus. Tapie consideró el precio de la venta muy inferior al de mercado e inició un litigio que duró años. Para cerrarlo, Lagarde, en su calidad de ministra de Economía entre 2007 y 2011, ordenó un arbitraje privado, en lugar de uno público, que impuso esa indemnización millonaria.

Los tribunales abrieron una investigación al considerar que la indemnización era más elevada de lo previsto y que eso pudo deberse a la amistad entre Tapie y el entonces presidente, Nicolas Sarkozy.

Los jueces hallaron una carta firmada por Lagarde en octubre de 2007 en la que se ordenaba el arbitraje privado. La exministra negó haberla rubricado y desvió la responsabilidad en su jefe de gabinete, el cual aseguró que actuaba por orden de Lagarde.

Otro punto en el que la directora del FMI fue negligente, según los jueces, fue el hecho de no haber atendido varios informes de la Agencia Francesa de Participaciones del Estado, encargada de gestionar las empresas públicas, en los que se alertaba contra el peligro del arbitraje privado.

En un principio, Lagarde negó haber recibido estos informes, pero cuando los jueces demostraron que sí los había recibido, la exministra aseguró no haberlos leído. También se investiga por qué no apeló el monto de la indemnización ordenada a Tapie una vez que fue decidida.