Del clivaje que rodea el caso Pujol -un delito de concusión consentido por el Gobierno, entonces, de F. González a cambio del apoyo parlamentario de aquel a este- me quedo con un personaje oculto por ensalmo: el delator, el bancario que prendió la chispa e incendió esta pradera desde el anonimato denunciando al clan y sus exorbitantes depósitos negros no declarados al Fisco español.

Delator, su figura, aparece en el primer siglo del Imperio romano. Entonces no existía lo que hoy se conoce como ministerio público o fiscal del estado que, se supone, vela por el cumplimiento de la ley. Existía, a la sazón, el derecho de libre acusación mediante el cual el acusador indicaba al presidente del tribunal el crimen y la persona inculpada. Se le recompensaba por ello, porque el acusador, a diferencia del delator, actuaba por interés público. Pudo el vicio y la cosa degeneró. Surgieron delatores profesionales que solo perseguían el lucro personal. Este derecho pasó a ejercitarse en favor del emperador y contra el pueblo. Los letrados destacaron por su ardor en este oficio. Un delator era un orador excelente. Catón el Viejo o César empezaron siéndolo, para hacer carrera política y fortuna.

Con Trajano se introdujo la posibilidad de ejercer la autodenuncia consistente en que el beneficio de quienes poseyeran bienes sobre los cuales tenía un derecho el erario o el fisco, podían revelar voluntariamente el fraude denunciándose a sí mismos. Con ello, el autodenunciante podía retener la mitad de los bienes. Asombroso. Hoy, todo.

Pujol hizo algo parecido, confesando tener un dinerillo en el extranjero durante 34 años no declarado a la Hacienda que, según el chiste, somos todos. Que lo que era sabido se saca ahora por razones políticas va de suyo. Lo que me divierte es ver cómo la defensa del clan Pujol, tratando de ganar tiempo, presenta una denuncia en los juzgados andorranos por la filtración irregular de sus datos bancarios dirigida contra una persona desconocida -el delator- en la que pide que se investigue quién ha sido el chivatini. Y ello porque se supone, seamos serios, que en esos paraísos fiscales existe el secreto bancario -que garantiza la alcaponesca ley andorrana- que viene a ser, para la lumpenburguesía, una suerte de secularización del medieval secreto de confesión, como la ciencia política es la teología política agustiniana pasada por el túrmix burgués de capa caída.

Lo que me pregunto es si el delator lo ha hecho por lucro o por amor al arte.