El Gobierno de Gasteiz y el Ayuntamiento de Bilbo han pactado la liberalización de los horarios comerciales, que el Ejecutivo español había decretado, con una fórmula que permite la apertura de los comercios todos los días y a todas las horas entre el 1 de julio y el 31 de agosto en cinco zonas declaradas de «gran afluencia turística». Son Abando, Indautxu, Garellano, Casco Viejo y Deustu.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, aseguró ayer que con la resolución del Ejecutivo de Gasteiz «restringe al máximo la posibilidad de apertura libre en estas áreas limitándola a periodos de tiempo» y admitió «estar en contra de la liberalización total de los horarios comerciales», por lo que el Gabinete de Urkullu mantiene el recurso ante el Tribunal Constitucional contra ese decreto de Mariano Rajoy.

El consejero delegado del Ayuntamiento de Bilbo, Andoni Aldekoa, se congratuló por la resolución y realizó declaraciones en Radio Euskadi aceptando esa disposición, porque -a su juicio- «tiene que haber libertad. No es admisible que se coarte la libertad de horarios», precisó. Este máximo responsable del Ayuntamiento de Bilbo, sin embargo, recibió las criticas de algunas organizaciones de comerciantes y de centrales sindicales.

«Impuesto desde Madrid»

Por su parte, el presidente de la patronal del Comercio de Bizkaia Cecobi, Pedro Campo, se mostró molesto con la campaña del Ayuntamiento, pero aceptó la resolución que ha tomado el Ejecutivo autonómico «porque la medida le venía impuesta de Madrid». Así, señaló que al Gobierno vasco «no le ha quedado más remedio. Ha cogido lo menos malo, lo mínimo de lo mínimo. Por lo tanto, no podemos, nada más que estar de acuerdo en su actuación».

Mientras que algunas representantes sindicales rechazaron la decisión porque «abre una puerta» que afectará «de forma directa a los trabajadores y a los pequeños comercios», además de una intromisión a la capacidad de decisión de la CAV. Adelantaron que darán una respuesta conjunta.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Donostia cuenta con un plazo de seis meses para delimitar sus propias zonas, ya que no fue hasta julio cuando el Gobierno español la incluyó entre las ciudades obligadas a liberalizar horarios.