Si el objetivo del estudio era, como señala el psiquiatra del Hospital de La Paz (Madrid), Pau Pérez, «evaluar la credibilidad» de los relatos de tortura de 45 ciudadanos vascos, los resultados no podían ser más concluyentes. Todos los casos analizados «muestran un importante nivel de credibilidad, coherencia y son evidencias concluyentes de interrogatorios que usan técnicas de coerción impropias de un Estado democrático de derecho».

El estudio, titulado «Incomunicación y tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul» ha sido desarrollado entre ocho asociaciones sanitarias y de derechos humanos y supone un nuevo varapalo a un Estado que ya ha sido condenado en diversas instancias internacionales por la práctica de malos tratos en comisaría. Según explicó Pérez, este documento tiene valor legal, ya que la ONU avaló el protocolo como mecanismo de detección de la tortura en 2000. De este modo, las víctimas podrán utilizarlo en caso de que quieran reabrir un proceso judicial. No obstante, sus promotores tienen pensado compartir los resultados con las diferentes administraciones, aunque todavía no han fijado un calendario.

De los 45 vascos que componen el muestreo, un 53,3% obtiene la «máxima consistencia» en su relato, un 31,1% es «muy consistente» y el 15,6% es «consistente». Es decir, que los psicólogos, psiquiatras y sanitarios de diversos ámbitos que han participado en el estudio no han considerado que ninguno de los casos obedezca a un relato inventado. Todo ello, pese a las dificultades para documentar la tortura que provoca el régimen de incomunicación, así como el «refinamiento de las técnicas de interrogatorio y de malos tratos actuales», que según los expertos «dificulta la constatación de la existencia de torturas».

Instrucción de las FSE

El análisis de las técnicas empleadas por Policía española, Guardia Civil y Ertzaintza (cada uno de los cuerpos policiales participaron en la detención de un tercio de los participantes en el muestreo) permite a los expertos sacar tres conclusiones. La primera, que ante la «amplitud de técnicas psicológicas encontradas y su combinación» se considera «la existencia de personas expertas que han instruido en las mismas a los cuerpos de seguridad y reafirman la convicción de que los relatos no han sido inventados». La segunda, una disminución del empleo de técnicas de «tortura física» que han dado paso a «técnicas más psicológicas de desestructuración de la identidad personal». Por último, la certeza de que la mayoría de interrogatorios consisten en la «inculpación de personas del entorno, señalamiento de fotos y listas de nombres». Entre los abusos más comunes relatados por las víctimas se encuentran la privación sensorial (que fue relatada por los 45 torturados), las humillaciones (92%), los malos tratos psicológicos (89%), las posturas forzadas (79%) o los golpes con objetos contundentes (69%).

Las dificultades para llevar adelante el estudio son evidentes. Especialmente, según indican sus autores, por la falta de un «listado oficial de víctimas», lo que les llevó a tomar 45 casos que no pueden considerarse como «extrapolables» pero cuyos resultados sí que son concluyentes. «Lo que nos mueve es la verdad», argumentó Pau Pérez, que reiteró que las técnicas empleadas, entre las que se incluyen la repetición de entrevistas y diversos tests psicológicos, permite saber que «es imposible» la invención.

El protocolo de Estambul, además de ser avalado por la ONU, ya ha sido incluido como prueba en juicios desarrollados en la Audiencia Nacional española como el que se celebró el pasado año contra 40 jóvenes. La sentencia, absolutoria, ya apuntó a posibles malos tratos apoyándose en este mecanismo. «Existen casos de tortura y malos tratos. Es documentable», argumentó Pérez, quien abogó por poner «encima de la mesa» la problemática sin caer en su utilización política.

Reparación «por hacer»

Además de evaluar la credibilidad de los testimonios, la investigación ha permitido conocer las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que padecen las víctimas de la tortura. También su reconocimiento como víctimas y las medidas de prevención para que no vuelvan a registrarse casos de este tipo. «El proceso de la reparación está por hacer», remarcó la psicóloga Olatz Barrenetxea.

En este ámbito, el de la reparación, la prioridad es, según los propios afectados, el «reconocimiento». Concretamente, el informe indica que esta sería la «principal y más urgente medida de reparación», ya que «más dañino que la propia experiencia traumática es, en muchas ocasiones, la negación social, el vacío, la no validación, la privatización del daño y las acusaciones de mentira o simulación».

«Hay que empezar a reconocer los derechos de las víctimas de torturas», indicó el Ararteko, Iñigo Lamarca, que también participó en la jornada de presentación del documento. Para ello, las recomendaciones de los expertos son sencillas: pasar de la negación en la que se ha instalado las administraciones públicas, como denunció el propio Lamarca, a admitir la práctica de los malos tratos, reconociendo a las víctimas e investigando de forma independiente.