Ya con la Ley de Consultas, Catalunya aguarda la firma del decreto del 9N
Pese a que el Gobierno español puso todo su empeño, el No escocés no desanimó a los impulsores de la consulta catalana. El Parlament aprobó ayer la Ley que amparará la convocatoria del 9 de noviembre bajo la atenta mirada de los militantes de la ANC concentrados en el lugar. Esta Ley dará paso en las próximas horas al decreto de convocatoria, que al cierre de esta edición el president, Artur Mas, todavía no había firmado.
Apenas hubo tiempo para digerir la resaca escocesa en Catalunya, donde con pena por el resultado, pero espoleados por el ejemplo de democracia ofrecido por Escocia y Reino Unido, ayer el Parlament aprobó con una amplísima mayoría de 106 votos a favor -frente a 28 en contra- la Ley de Consultas que servirá de marco legal para la convocatoria del 9 de noviembre.
Una convocatoria que al cierre de esta edición seguía sin ser oficial, a la espera de que el president, Artur Mas, firme el decreto y este sea publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, momento en el entrará en vigor. Se daba por hecho que Mas firmaría el decreto minutos después de la aprobación de la Ley en el Parlament. Sin embargo, el jueves por la noche, Mas no quiso ni confirmar ni desmentir, mientras que ayer por la mañana, el coordinador general de CDC, Josep Rull, aseguró que ayer no sería el día del decreto. En cualquier caso, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, aseguró que la firma llegaría «en las próximas horas», por lo que se da por hecho que la convocatoria oficial llegará hoy.
Así las cosas, un Parlament en el que no cabía ni una aguja se convirtió en el principal protagonista del día. 150 periodistas, además de los habituales, se acreditaron de forma extraordinaria para seguir el pleno, los palcos para invitados estaban a rebosar y fuera, ante las puertas del Parlament, unas pocas banderas españolas eran engullidas por un mar de esteladas que acudieron al llamado de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Cosas del directo, la bandera española que ondea en el Parlament apareció ayer boca abajo, debido a un error humano debidamente subsanado, según fuentes oficiales.
Dentro, más allá de la solemnidad propia de los grandes días, el desarrollo del pleno no aportó sorpresa alguna y los cuatro partidos favorables al derecho a decidir cerraron filas en la defensa de la Ley como herramienta para la consulta del 9 de noviembre. «Es un instrumento legislativo plenamente constitucional», consideró la diputada de ERC Gemma Calvet, en consonancia con el coordinador general de CDC y diputado de CiU, Josep Rull, que aseguró que «esta será la Ley del 9 de noviembre». Por su parte, la diputada de ICV-EUiA Dolors Camats admitió que «la consulta no es vinculante, pero ya que no nos dejan hacer un referéndum, es la manera más honesta de que sea la votación popular la que oriente los pasos a seguir». Por último, el diputado de la CUP Quim Arrufat valoró que la Ley es «la llave que abre muchas puertas y da la voz a los ciudadanos».
Pese a que ya era conocida, la novedad respecto a otras votaciones vinculadas al proceso soberanista la protagonizó el PSC, que votó a favor de la Ley pese a estar públicamente en contra de la consulta. El diputado Ferran Pedret fue el encargado de intentar explicar la posición de su partido, asegurando que la Ley es «un buen instrumento para fomentar la participación ciudadana, pero no para convocar la consulta del 9 de noviembre». También tuvo palabras para el PP: «Nos dicen tontos útiles del independentismo, pero si hay alguien útil al independentismo, es el Gobierno del PP».
Por último, como cabía esperar, PP y Ciutadans se opusieron a la Ley. Lo hicieron con argumentos tremendistas como el del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que la calificó de «desafío al orden constitucional dentro de la Unión Europea» y con expresiones que volverían a matar a Montesquieu en caso de resurrección, como la de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho: «Si la ley es constitucional o no lo tendrá que decir el Tribunal, pero evidentemente la ley es inconstitucional».
Entrando en la letra pequeña de la Ley, cabe decir que lo que hace es establecer el régimen jurídico para convocar unas consultas no refrendarias que podrán ser impulsadas por las instituciones o por iniciativa ciudadana -con 75.000 votos-. El texto también establece una comisión de control y otra de seguimiento para velar el proceso, así como el registro de participación, que será diferente al censo electoral y en el que se incluirán a los mayores de 16 años, a los ciudadanos de la UE con un año de residencia y a los extracomunitarios con tres años de residencia.
También establece que la convocatoria de la consulta se debe realizar entre 30 y 60 días antes de la cita con las urnas, y que debe ir acompañada de una campaña institucional de información acerca del evento. Una campaña que, en el caso de la consulta del 9N, la Generalitat ya tiene preparada, a la espera de que Mas firme el decreto.
Sin tiempo para el descanso
El de ayer fue el pistoletazo para unos días unos intensos días que marcarán el futuro del proceso soberanista. Aprobada la Ley de Consultas, el próximo paso catalán será la firma del decreto de convocatoria de la consulta por parte del presidente, Artur Mas.
No se sabe cuando se producirá, pero no tiene mucho margen, ya que el Gobierno español anunció ayer mismo que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional sin esperar al decreto. Se espera, por lo tanto, que la firma de Artur Mas llegue en las próximas horas.
En la parte española, visto el anuncio realizado ayer, es posible que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy convoque hoy mismo un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el recurso contra la Ley de Consultas -y contra el decreto, si este llegase a lo largo de jornada-.
En cualquier caso, su objetivo es tener listos todos los recursos para que el pleno del Tribunal Constitucional los acepte a trámite en la sesión del próximo martes y las iniciativas catalanas queden así cautelarmente suspendidas. Artur Mas llamará entonces a los líderes de los partidos soberanistas, con el objetivo de consensuar una respuesta conjunta al veto del Estado. B. ZALDUA
El Gobierno español no espera a la votación para rechazar la ley
Antes del pleno del Parlament, el president de la Generalitat, Artur Mas, compareció ante los medios para valorar el referéndum escocés. Lo hizo en catalán, castellano, inglés y francés, pero con mirada puesta en la Moncloa: «Veis cómo cuando se deja votar, también se puede ganar». Pero el muro siguió intacto. Por si alguien lo dudaba, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró tras el Consejo de Ministros de ayer que, pese a no haber todavía decreto de convocatoria, el Ejecutivo seguirá adelante con su calendario y presentará el recurso aunque solo sea contra la ley aprobada ayer. Lo hizo antes incluso de que el Parlament aprobase la norma.
Sáenz de Santamaría insistió en las diferencias entre Escocia y Catalunya y reivindicó el Estado español como uno de los más descentralizados del mundo, «si no el que más». De igual manera, repitió que «las cosas deben hacerse dentro del marco democrático» y que lo que no puede ser es «incumplir la legalidad para ver qué obtengo».
También habló el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, para asegurar por enésima vez que no habrá consulta, «afortunadamente, porque hay un Gobierno del PP». «Sinceramente no sé que podría ocurrir en nuestro país si hubiese una situación como la que estamos viviendo en estos momentos con gobiernos en los que haya una confluencia de fuerzas políticas distintas a las del PP», añadió.
Sin darse por aludido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se situó en la misma línea, al asegurar que «la consulta que pretende celebrar el independentismo en Catalunya es ilegal y en consecuencia no se puede celebrar». De todos modos, justificó el voto del PSC a favor de la ley apuntando que se trata de una estrategia para no perder centralidad. Además, dirigió alguna crítica hacia Rajoy, a quien acusó de «inmovilismo». Una crítica que obtuvo respuesta inmediata por parte del miembro del PP Esteban González Pons, quien consideró que Rajoy ha tenido «la valentía y la sensatez de no dar ningún paso que no fuera prudente», algo que, según él, ha permitido «no complicar más las cosas». B. ZALDUA
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