Que en el proceso de sustracción/apropiación del control de las cajas de ahorros vascas por parte de la cúpula de los partidos políticos «tradicionales» existe un «interés de partido» parece evidente. Sin embargo, parece también evidente que esta barbaridad estratégica no responde solo a intereses de partido. Los intereses generales de nuestros ciudadanos, nuestras empresas y nuestra economía se están sacrificando por algo más concreto -y, probablemente, todavía menos noble- que los intereses de partido.

Por un lado, es cierto que los partidos políticos «tradicionales» han «repartido» entre ellos la designación de puestos en las fundaciones bancarias que sustituyen a las cajas de ahorros. Este hecho, en sí mismo, ya es un disparate intolerable porque supone apropiarse ilegítimamente del control de unas cajas de ahorros, de un sistema financiero que corresponde al conjunto de la sociedad vasca. Y ello es así porque si estos partidos han venido controlando hasta ahora las cajas de forma legítima, como consecuencia del poder que les otorgaban bien las urnas o bien la representación de los ahorradores, a partir de ahora este control deja de ser legítimo y deja de apoyarse en la representación política y social para hacerlo exclusivamente en el actual proceso de sustracción/apropiación que supone la transformación de las cajas en fundaciones bancarias.

Sin embargo, el proceso puesto en marcha no responde exclusivamente, como decimos, a «intereses de partido». Esto se acredita, en primer lugar, en base al repetido objetivo de abrir el capital de Kutxabank a inversores privados. Esta apertura supondrá repartir el control de nuestro sistema financiero aún no sabemos con qué inversores. Por muy cerca que dichos inversores se sitúen de la cúpula de los partidos políticos responsables de este proceso, parece claro que estos inversores responderán en todo caso a sus propios intereses. Las personas y entidades que un día están cerca del partido al día siguiente pueden estar lejos. Que nadie se olvide de ello. Al contrario, este tipo de relaciones tienden a transformarse rápidamente de posibles instrumentos o colaboradores del partido político en grupos de influencia y poder fáctico sobre el propio partido.

Pero la pérdida de poder de los partidos políticos no es solo un riesgo derivado de la posible incorporación de accionistas privados a Kutxabank. Es también una consecuencia inmediata de la composición dada al Patronato de las fundaciones bancarias que sustituyen a las cajas. Como consecuencia de esta composición, aunque la designación de estos patronatos haya sido realizada por los partidos políticos «tradicionales» no debería en ningún caso dejar tranquilos a los afiliados o votantes que puedan pensar que, en último término, aunque este proceso sea un desastre para el país, no deja de ser una autentica lotería «para mi partido».

Las personas que puedan estar escuchando este tipo de argumentación -que, por muy miserable que nos parezca, no deja de ser repetidamente utilizada- deberían tener en cuenta que, tal como se han configurado los patronatos de las fundaciones bancarias, los partidos políticos no tienen, en cuanto tales, ningún derecho reservado para designar a los futuros miembros de estos patronatos.

Al contrario, dichos miembros (12 sobre 15) son personas físicas que, una vez designadas, se representan solo a sí mismas y se autoconfiguran como elite destinada a controlar oligárquicamente el país en base a decisiones que, en principio, ellos mismos adoptarán sin ningún tipo de control externo. Clarifiquemos que «ningún control externo» significa ningún control ni social ni público y ni siquiera, no lo olvidemos, control de ninguna entidad u organización privada. Ni siquiera tienen por qué responder ante los partidos que los han nombrado.

Evidentemente, en el momento en el que se les nombra, existe una expectativa de fidelidad de estas personas «hacia quien en cada caso les ha nombrado». Fidelidad, aparentemente, al partido político que les ha designado. Pero nadie garantiza que esta fidelidad vaya a existir en el futuro y ni siquiera que haya existido en el mismo momento de su nombramiento. De hecho, las cuotas inicialmente atribuidas a cada partido han sido utilizadas para designaciones que han sido efectuadas por personas concretas, por líderes concretos de cada partido.

Desconocemos qué tipo de compromisos se han exigido a cada persona designada, pero nada garantiza que, en lugar de fidelidad a un determinado partido, no se les haya exigido fidelidad a una determinada corriente, grupo de influencia de dicho partido, o incluso fidelidad exclusiva a la persona que les ha designado.

Por otro lado, puesto que, a partir de ahora, las decisiones sobre la continuidad de estos patronos o los siguientes nombramientos, no van a depender del partido que les designó, sino de la propia voluntad de los mismos y de quién mantenga una influencia mayoritaria en el Patronato, nadie puede garantizar cuál va a ser la evolución de la voluntad política de estas personas.

Tengamos en cuenta que nada hay más fácil que comprar, presionar o condicionar la voluntad de personas físicas que no tienen que rendir cuentas a nadie sobre su gestión. Más aún en entidades que, como Kutxabank, mueven decenas de miles de millones de activos en créditos y préstamos. Una subvención, un crédito, un puesto de trabajo, pueden cambiar de un día para otro las fidelidades, los posicionamientos o los intereses de cada uno de los miembros de estos patronatos.

La elite oligárquica que pretende controlar ilegítimamente nuestras cajas grupos no va a estar controlada ni siquiera por los partidos políticos tradicionales que han puesto en marcha este proceso. Aunque algunos dirigentes y afiliados de los mismos contemplen este objetivo, el diseño del proceso conduce, en realidad, a la dejación de este control oligárquico en una elite que escape también, progresivamente, del control de esos partidos, para configurarse, de forma estricta, como un grupo de interés oligárquico y con relaciones de interés y de poder imprevisibles.