La campaña mediática impulsada por el PP primero en Gasteiz y que luego trata de extender al resto de la CAV sobre supuestas irregularidades en la concesión de ayudas sociales preocupa al PNV, que trata de proteger su imagen de buen gestor en un año electoral. Sin que se haya detectado un aumento del fraude en el Botxo, tal y como ayer corroboraron, tres concejales del Consistorio bilbaino comparecieron con el único objetivo de justificar el sistema por el que se rigen y anunciar pequeños cambios en el control del destino de las Ayudas de Emergencia Social (AES).

En rueda de prensa, los responsables de Acción Social, Atención Ciudadana y Seguridad se limitaron a detallar ese sistema y anunciar que a partir de ahora los beneficiarios rubricarán un «consentimiento expreso» para permitir el acceso a su vivienda de personal autorizado por el Ayuntamiento para verificar el correcta empleo de la ayuda recibida.

Asimismo, el Consistorio establecerá contactos con los colegios de odontólogos y optometristas para comprobar que los importes de las ayudas otorgadas, por ejemplo para la compra de gafas o para la visita al dentista, se corresponden con el coste actual de las tarifas. El delegado de Acción Social, Juan Félix Madariaga, argumentó que «son herramientas para asegurar que las ayudas llegan a las personas que cumplen los requisitos y las obligaciones».

El edil jeltzale, que negó la existencia de un fraude destacable, indicó que de las 5.055 AES concedidas en 2013, están pendientes de justificar 816, con un importe de 657.000 euros. También defendió el sistema de control de las 543 personas sin techo, que están empadronadas en las sedes de colectivos sociales y a las que se vigila exhaustivamente. Negó que en Bilbo exista un «efecto llamada».

De nada sirvieron al PP las explicaciones y datos aportados, ya que ha presentado en los ayuntamientos vizcainos mociones en las que exige una vigilancia más «efectiva» de los empadronamientos. Su presidente en Bizkaia, Antón Damborenea, arremetió en contra de que se permita registrarse a personas en viviendas que no son su domicilio, citando expresamente el caso de Bilbo.

Damborenea también criticó a Lakua por invertir en campañas de publicidad apostando por la igualdad.