Menos de una semana después de firmar, en la recta final del referéndum escocés, el compromiso para entregar más poderes a Escocia, conservadores, laboristas y liberal-demócratas ya muestran desacuerdo sobre si la devolution debe ir acompañada de una reforma en el resto del Reino Unido o no.

Para abordar la opción de que Inglaterra cuente con una cámara legislativa, Cameron reunió ayer en su residencia de Chequers a varios miembros de la rama más extrema de su partido, que en los últimos años han demandado que Inglaterra también asuma más poderes propios. Entre ellos se encontraban el diputado John Redwood, antiguo ministro para Gales y que hizo frente al liderazgo del ex primer ministro John Major; el parlamentario Bernard Jenkins, partidario desde hace tiempo de un sistema «más federal»; y el exministro de Asuntos Exteriores William Hague, a quien Cameron habría encargado el estudio de una eventual autonomía del sur de la isla.

Tras la victoria del No, Cameron dijo que la reforma debería también cambiar «la forma en la que trabaja la Cámara de los Comunes», garantizando por ejemplo que solo los parlamentarios ingleses voten sobre la legislación que afecta exclusivamente a Inglaterra. El cambio iba dirigido en especial a Inglaterra -que hoy en día no cuenta con un órgano legislativo propio-, a diferencia de Escocia -que tiene su Parlamento- y Gales y el norte de Irlanda -con sus respectivas asambleas-.

Este es motivo de discordia principalmente con el Partido Laborista, que cuenta con 41 de los 59 asientos que Escocia tiene en la Cámara. El laborismo sabe que necesita de los votos escoceses para volver al poder en Londres, algo que se hubiera antojado casi imposible si hubiese ganado la independencia. Del mismo modo, el Partido Conservador sabe que de cumplirse las palabras del premier se reforzaría su posición al sur de la isla. Escocia ha supuesto un frente estratégico para cada gobierno laborista, mientras que los tories, hoy en día y pese a estar en el poder, cuentan con solo un parlamentario de los 59.

Así las cosas, Miliband se queja de que en campaña nadie le comunicó que la medida afectaría al otras naciones aparte de Escocia. Su compañero de partido y adalid de la oferta, Gordon Brown, insiste en que se asegurará que los tres grandes líderes unionistas «se adhieren a la propuesta del calendario» planteada hace dos semanas. Entre estas dos aguas se mueve el liberal demócrata Nick Clegg. «Los tories pueden acabar dando la espalda a Escocia mientras que el Partido Laborista ignora a Inglaterra», dice. Y advierte a Cameron de que «si los conservadores entran en subasta frente a UKIP, pondrán en riesgo la unión que han defendido».

Salmond teme un «engaño»

La reunión extraordinaria tory ha sido interpretada como un mensaje que el Partido Conservador quiere enviar a la sociedad inglesa de que el Gobierno británico protegerá sus intereses. La opción de Cameron, así, acabaría con la conocida como «cuestión de West Lothian», consistente en que los parlamentarios de Westminster elegidos en Escocia pueden votar asuntos que solo implican a Inglaterra, pero no al revés.

Dado este escenario, los escoceses ya no ven tan cerrado el acuerdo del que se hablaba. Y quienes votaron No empiezan a dudar de que efectivamente vaya a haber la «tercera vía» por la que se decantaron.

Y en este contexto sonó la voz del todavía ministro principal escocés Alex Salmond, que dejará el cargo en noviembre. «Los votantes han sido engañados», afirmó tajante, y avisó de que en ese caso el culpable será el Partido Laborista. Pero más contundente aún fue el aviso de que «la vía utilizada el pasado jueves es tan solo uno de los caminos» que se pueden utilizar hacia la independencia. Apuntó con ello a la opción teórica de que el SNP impulse una declaración de independencia si ganara en los comicios a Holyrood de 2016. Obviamente tendría para ello el problema del referéndum perdido, pero también podría argumentar que el resultado fue condicionado por una promesa incumplida.

El ministro de Finanzas del Gobierno escocés, John Swinney, matizó que «el SNP jamás declararía la independencia sin preguntar al electorado».