El procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, informó del hallazgo de cuatro nuevas fosas clandestinas en la localidad de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, donde el 26 de setiembre desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa.

Aunque no desveló cuántos cadáveres podría haber en su interior, Karam indicó que estas fosas están «cerca» de Iguala y que los cuerpos también fueron incinerados al igual que los 28 encontrados hace una semana en otras seis fosas comunes en una zona montañosa de muy difícil acceso en Pueblo Viejo.

Señaló que la identificación de los mismos será «difícil y más lenta» de lo esperado por el estado en el que se encontraban. De momento, por tanto, no hay certeza de que pertenezcan a los estudiantes desaparecidos. Sus familiares aún guardan la esperanza de que sigan vivos y en manos de otros policías de Iguala que permanecen huidos.

Ante las presiones para que se esclarezca el caso, el presidente, Enrique Peña Nieto, reclamó al amplio operativo policial y militar desplegado en Igual que encuentre a todos los responsables, ya sea «por negligencia o actuación» en unos hechos que tildó de «inhumanos, prácticamente un acto de barbarie».

Poco después de esta declaración se conoció la detención por policías federales de Vicente Carrillo, acusado de liderar el cártel de Juárez, y de otros cuatro civiles que, al parecer, habrían revelado la ubicación de estas nuevas fosas en las que dijeron haber depositado «cuerpos de los estudiantes asesinados».

Amplio despliegue

«La relevancia de estos arrestos radica en que nos han llevado a un lugar donde encontramos cuatro fosas donde, a decir de estos detenidos, también allí fueron depositados los restos de estudiantes asesinados. No podemos confirmar todavía que esto sea real, hasta que no hayamos hecho el levantamiento adecuado de estos restos y procedido a su identificación mediante métodos periciales serios», declaró Karam.

«La instrucción es agotar todas las líneas de investigación, para lo cual estamos con muchas acciones donde predominan estudios de genética, antropología, odontología, balística, fotografía y video. Tenemos 45 peritos trabajando en la zona, una célula de inteligencia de campo, la Comisión Nacional de Seguridad nos apoya con 400 elementos, así como la policía científica y el personal de la 25 Zona Militar», precisó.

El fiscal general de México, Jesús Murillo, anunció ayer que ya son casi 40 los detenidos en relación a estos hechos, si bien admitió que aún no han llegado a los autores intelectuales.

Las sospechas sobre la autoría de la matanza se han dirigido en los últimos días hacia el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, hermana de dos importantes capos de la zona y señalada en un informe de inteligencia como la persona que ordenó al director Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, reprimir a los estudiantes, alegando que podrían interrumpir el discurso que debía dar ese día. Sobre los tres, en paradero desconocido desde que saltara el escándalo, pesa una orden de detención.

La Fiscalía de Iguala acusa además al alcalde de haber acudido a una fiesta en lugar de intentar frenar el ataque de sus policías y sicarios contra los estudiantes, en el que murieron seis personas.

Abarca también podría estar involucrado en el secuestro en 2013 en Iguala de siete activistas. Tres de ellos aparecieron muertos posteriormente.

El canciller José Antonio Meade se comprometió a informar de los avances que se produzcan en la investigación de «manera periódica y transparente» para que «dentro y fuera del país se pueda dar fe de que este episodio lamentable será resuelto conforme a derecho».

En una comparecencia en el Senado, aseguró que las pesquisas «no se mueven por la opinión internacional sino por que no haya impunidad».