La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, acompañada por Xabier Ugartemendia, de la Federación de Servicios Privados, y representantes de la central en diferentes subcontratas presentaron ayer en Bilbo una campaña que desarrollará en defensa de las condiciones laborales dignas y en la necesidad de que se incluyan cláusulas sociales en las subcontrataciones públicas. Llevarán mociones a ayuntamientos, diputaciones y parlamentos para que se preserve las condiciones laborales dignas, el control de la seguridad y la salud y unos salarios adecuados a los convenios vigentes.

Ugartemendia explicó que la decisión de las subcontrataciones supone «realizar una transferencia de dinero público al sector privado, que no tiene control» y que perjudica las condicionales laborales de los empleados, porque «las instituciones se olvidan de los trabajadores y lo consideran un problema ajeno, aunque realizan un servicio que antes hacía la Administración pública» y, a la vez, supone «una precarización de las condiciones de trabajo».

Interés privado

Etxaide censuró que esa cadena de subcontrataciones supone poner el interés público de los servicios en manos de las empresas privadas. «Es un regalo de un mercado de un montón de servicios, para que unas empresas privadas obtengan un gran negocio económico a costa de las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores».

A su juicio, «la alianza entre el poder económico y el político es la verdadera puerta giratoria que queremos acabar»