El grupo parlamentario del PP en el Congreso español ha registrado una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que propone modificar la Ley de Extranjería para, en una disposición adicional, introducir un «régimen especial de Ceuta y Melilla» que crearía una figura jurídica aplicable solo en estos territorios para amparar las »devoluciones en caliente» que, de hecho, ya practica el Estado español. La enmienda dice que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

De este modo, se estaría legalizando la práctica conocida como «devolución en caliente» que las ONG que operan en las ciudades autónomas vienen denunciando desde hace más de una década, que no tiene amparo legal y que consiste en entregar sobre la marcha a Marruecos a los inmigrantes que han saltado la valla o se han apostado encima, sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer sus circunstancias.

Desde que el pasado mes de febrero se documentara en vídeo como 23 inmigrantes que habían llegado a nado a Ceuta eran entregados a Marruecos en un suceso en el que murieron 15 personas, tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; como su número dos, Francisco Martínez; han venido defendiendo esta práctica, con giros lingüísticos como, por ejemplo, que correspondía a un «rechazo en frontera» y a un «concepto operativo» de vigilancia del perímetro. Incluso el texto de la enmienda evita el término «devolución».

Sin embargo, el Coronel Jefe de la Guardia Civil en Melilla ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación tras la denuncia de varias ONG por la ejecución de este tipo de devoluciones, entregas que el juez ve ilegales puesto que al haber entrado los extranjeros en suelo español, y dice que la valla lo es, debería abrírseles un expediente administrativo con garantías. Actualmente, el artículo 23 del reglamento de la ley regula que los extranjeros que sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones serán trasladados a comisaría para proceder a su devolución, si bien tendrán derecho a asistencia jurídica e intérprete.

AI lo considera inaceptable

«Esto es inaceptable y agotaremos todas las vías que podamos para que este cambio no tenga lugar. Si tenemos que recurrir a instancias europeas lo haremos», afirmó a Efe María Serrano, portavoz de Amnistía Internacional.

Serrano explicó que las «expulsiones sumarias» están prohibidas por el derecho internacional porque pueden tener unas consecuencias «terribles», ya que las personas son expulsadas «sin procedimientos, sin garantías, sin que se estudie si tienen temores de persecución y sin que puedan acceder a tutela judicial efectiva». «Estas expulsiones sumarias pueden exponer a las personas a torturas, a ser desaparecidas, pueden poner en riesgo su vida y su integridad física», añadió la portavoz de Amnistía Internacional.

Coincidiendo con el anuncio de la reforma, la Delegación del Gobierno en Ceuta afirmó que ha instalado unas puertas hidráulicas bajo el puente de la frontera que separa la ciudad autónoma de Marruecos con la intención de dificultar el acceso por mar de inmigrantes subsaharianos.