Koldo LANDALUZE DONOSTIA

Madrid aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Tal y como cabía prever, el pleno del Congreso de los Diputados de Madrid ha aprobado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con el respaldo de los votos del Grupo Popular: la oposición y el gigante Google han criticado duramente esta polémica reforma.

Respaldada por 172 votos a favor -144 figuraban en su contra y 3 han optado por la abstención-, ha sido aprobada una norma según la cual el Gobierno del Estado español cuenta con un año de plazo para acometer una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.

Los grupos de la oposición han coincidido en acusar al gobierno de Rajoy de haber incumplido sus promesas de consenso, mientras que el PP ha defendido que la reforma cumple sus fines: la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas.

Esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, incluye entre sus principales novedades la denominada como «tasa Google», según la cual extiende el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores de internet, de tal forma que establece el derecho de las empresas editoras de noticias a ser compensadas económicamente por la utilización de sus contenidos, una remuneración que será irrenunciable.

Al poco de haber sido dada a conocer esta resolución, Google ha expresado su posición sobre lo que supone la aprobación de la Ley en un comunicado enviado a los medios: «Estamos decepcionados con la nueva ley porque creemos que servicios como Google News ayudan a los editores a llevar tráfico a sus sitios web. Por lo que se refiere al futuro, continuaremos trabajando con los editores españoles para ayudarles a incrementar sus ingresos mientras valoramos nuestras opciones en el marco de la nueva regulación».

Otro de los puntos que mayor controversia ha generado es el que se refiere a las multas de hasta 600.000 euros que deberán afrontar todas aquellas webs que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria e incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos declarados infractores.

Respecto al uso de fragmentos de obras en la enseñanza e investigación, la nueva ley permite la utilización gratuita de pequeños fragmentos de obras u obras aisladas de carácter plástico o fotográfico para ilustrar la enseñanza reglada -universitaria y no universitaria- y la investigación.