En presencia de todo el Gobierno y con asistencia de la dirección de la Secretaría de Paz y Convivencia, el lehendakari, Iñigo Urkullu, presentó ayer personalmente la propuesta de Programa-base de prioridades 2015-2016 en materia de memoria histórica. Mucha solemnidad para un punto que, hasta ayer, no era públicamente más que el cuarto epígrafe -sin ni siquiera desarrollo explicativo- de la primera iniciativa del Plan de Paz y Convivencia.

El programa, que ha sido ya remitido al Parlamento para la recepción de aportaciones, se refiere al «alzamiento militar fascista de julio de 1936 y sus consecuencias». Tiene por objetivo primero cumplir con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; y al mismo tiempo, promover en la sociedad la memoria de la injusticia que supuso la dictadura franquista.

El programa, que según explicó Iñigo Urkullu está basado en los principios diseñados por el Derecho Internacional en esta materia, consta de un total de doce proyectos estratégicos, entre los que destaca la puesta en marcha en Elgoibar de un Columbario (conjunto de nichos) de la Dignidad para restos mortales aparecidos en fosas y que no han podido ser identificados. La elección de Elgoibar se debe al trabajo que ya ha venido realizando su ayuntamiento en materia de memoria histórica, y al hecho de que la resistencia planteada en Zirardamendi por dos tropas de gudaris a los alzados del general Mola posibilitó la constitución del primer Gobierno Vasco encabezado por José Antonio Agirre.

El proyecto prevé también activar un protocolo de puesta conocimiento de la Ertzaintza, la Fiscalía y los tribunales de los hallazgos e investigaciones de desapariciones y crímenes del franquismo.

Certificado de reconocimiento

Se creará una comisión que elabore un informe base sobre la vulneración de derechos entre 1936 y 1975. El programa contempla también el impulso de actos de recuerdo y homenaje, tanto centralizados como locales, y la creación de un certificado de reconocimiento a las víctimas del franquismo, que se entregará a los familiares de cada víctima.

En el ámbito judicial, se contempla un papel activo en las demandas y actuaciones de organismos internacionales. Y, expresamente, muestra su apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

El Gobierno propone, además, identificar los espacios de memoria que podrían tener un valor como patrimonio histórico.

El programa recoge el dato de que las víctimas del franquismo en la CAV pudieron ascender a 9.800 personas, «entre desaparecidos, muertos en el frente o en prisión, ejecutados extrajudicialmente y otros». No se trata de hechos aislados, sino de crímenes de lesa humanidad, sistemáticos y masivos, que no deberían prescribir.