A primera hora de este jueves, y ante las nuevas evidencias en torno a evasiones fiscales a gran escala en Luxemburgo mientras Jean-Claude Juncker era ministro de Finanzas en su país, Gabi Zimmer, diputada europea de Die Linke y presidenta de GUE/NGL (el grupo parlamentario en el que está integrado EH Bildu), difundía la siguiente nota: «Las últimas revelaciones y evidencias aportadas por el consorcio internacional de investigaciones periodísticas (ICIJ) no son ciertamente una sorpresa para nosotros, pero revelan con mayor claridad que el Estado de Luxemburgo era cómplice a través de acuerdos secretos».

Esto es lo que ICIJ publicaba el día 5 por la tarde y algunos diarios recogían al día siguiente, que fue cuando trascendió la noticia.

Tras la nota de Zimmer, el grupo de izquierda aprieta el acelerador: la secretaría general presenta una solicitud formal para que el presidente de la Comisión Europea comparezca ante el pleno del Parlamento y la delegación sueca lanza la idea de presentar una moción de censura. Para esta última iniciativa sería necesario contar con un 10% de la Cámara y debería ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos, que representen a la mayoría de los diputados que integran la Eurocámara (751 en total). Es decir, 76 diputados europeos podrían abrir el proceso contra Juncker. A partir de ese momento, el Parlamento entra en ebullición. Los Verdes apoyan la idea del debate en pleno y algunos integrantes de S&D y ALDE (los dos grupos que apoyaron al PPE para encumbrar a Juncker) también.

A partir de aquí, todo es política, algo de información, una pizca de rumorología y unas cuantas mentiras, medias verdades y dejadas al ancho. Por lo que conviene hacer historia: Jean-Claude Juncker es elegido gracias a los votos recabados entre las filas del PPE, S&D y ALDE. La mayoría, convencidos; algunos, por si acaso, apuntando que no es un cheque en blanco, pero que la «coherencia democrática» obliga, al tratarse del candidato del grupo parlamentario que triunfó en las europeas, el PPE (caso, por ejemplo, de Izaskun Bilbao, diputada europea del PNV, que iniciaba así la explicación de su voto favorable pero «crítico» a Juncker). Llegaba la votación en pleno: 423 a favor, 209 en contra y 67 abstenciones. Las 52 diputadas y diputados de GUE/NGL votaban en contra, y Gabi Zimmer argumentaba así en el pleno el sentir del grupo: «No nos ha convencido, señor Juncker, no nos creemos que su Comisión vaya a cambiar Europa hacia la solidaridad, la justicia, la democracia, la paz y la sotenibilidad. Demasiados nombres de su equipo de comisarios provocan enormes dudas de que vayan a trabajar para combatir las devastadoras medidas de austeridad y priorizar las necesidades sociales y ecológicas de modo que la ciudadanía sienta que la UE está haciendo algo por ella».

Y es que Juncker simbolizaba y simboliza (ahora quizás más que nunca), tanto durante sus responsabilidades en los gobiernos de Luxemburgo como después como flamante jefe del Eurogrupo, muchas de las características y políticas (neoliberalismo a ultranza, supeditación al entramado bancario y de las grandes corporaciones, austeridad, recortes sociales...) que han provocado la mayor fractura que se recuerda de forma global en la sociedad europea desde la posguerra y el inicio de la andadura comunitaria.

Pero no solo fueron los candidatos y candidatas a comisario europeo quienes sembraron dudas y rechazo; GUE/NGL tuvo ocasión de decirle esto al propio Juncker cuando compareció el 15 de julio. Fueron más de dos horas intensas en las que nosotros preguntábamos y Juncker respondía, a veces con calma, otras con aparente rabia y muchas veces con ironía y sarcasmo. Se indignó cuando le abordamos sobre las prácticas fiscales evasoras en su propio país y sobre su responsabilidad en dicho entramado. Hubo preguntas duras y Juncker salió del paso consciente -así lo dijo- de que no convencería allí a nadie.

GUE/NGL cuestionó al sucesor de Durao Barroso durante las audiencias a los comisarios europeos designados y también después, con preguntas directas a la Comisión saliente. Por ejemplo, el 24 de julio, Malin Björk, diputada del partido de izquierda sueco y vicepresidenta del grupo, preguntaba directamente a la Comisión Europea qué medidas adoptaría ante lo que acaba de ser revelado ahora por el ICIJ, con alusiones directas a Jean-Claude Juncker. Parecidas preguntas presentó el grupo de izquierda a Moscovici como comisario designado para Asuntos Económicos y Financieros... y fiscales.

La respuesta de la Comisión Europea llegaba el 3 de setiembre, y en ella reconocía que Luxemburgo había fallado a la hora de facilitar toda la información exigida, por lo que había abierto un procedimiento de infracción contra el pequeño país, uno de los fundadores de la Comunidad Europea. Y anunciaba que, de forma paralela, abría una investigación cuyos motivos encajan perfectamente en todo lo que ha sido revelado, clarificado o denunciado ahora.

Es decir, todo esto, con mayor o menor detalle, se sabía desde hace mucho tiempo, y no solo porque esa respuesta escrita de la Comisión fuera, como todas, pública. Y había sido denunciado ante el Parlamento Europeo mucho antes de la votación final en pleno.

Es evidente que Juncker debe responder a preguntas muy serias y que la UE tiene que acabar de una vez con esta relación tan estrecha entre gobiernos y grandes corporaciones. Y corresponde también a los ministros de Finanzas de la UE, que justamente se reunían ayer en Bruselas mientras redactaba estas líneas, dar explicaciones al respecto.

Pero lo que gracias al ICIJ (una red global de 185 periodistas de investigación de más de 65 estados) se ha vuelto ahora imposible de eludir es precisamente lo que muchos europarlamentarios preguntaron o manifestaron a la hora de valorar y votar a Juncker y a su Comisión. Y todos en la Cámara tenían suficientes argumentos como para haber apretado las tuercas al candidato a suceder a Barroso, cuya Comisión cuando menos gestionó la actual locura de austeridad y recortes. Juncker ha tratado de iniciar su andadura con ímpetu, anunciando programas de inversiones y arremetiendo contra David Cameron, pero antes de seguir camino tendrá que enfrentarse ahora, si puede, a sí mismo.

La fotografía, de momento, es esta: la Comisión Europea de Juncker vigila a Luxemburgo tras saberse que el Gobierno del que el propio Juncker era entonces ministro de Finanzas pudo haber alcanzado un acuerdo secreto con más de 300 multinacionales para no pagar impuestos. Nadie puede mirar ya hacia otro lado.