La comisión de investigación de Pinosolo ya tiene conclusiones, que se pretenden elevar al pleno ordinario del 27 de noviembre, así como unas recomendaciones aprobadas por la mayoría con la que cuenta la oposición. Solo una maniobra de la alcaldesa, la jeltzale Mari Carmen Urbieta, puede impedir que el asunto se trate, dejando todavía más tocado el compromiso del PNV con la transparencia, repetido una y otra vez por el propio presidente Andoni Ortuzar.

La principal conclusión que ha extraído la ponencia es que el exalcalde, Eneko Arruebarrena, y exedil de Deportes, Jon Loizaga, son responsables políticos del fiasco. Ese extremo ha sido defendido por la oposición desde que comenzaron a destaparse irregularidades y que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) abriese un expediente sancionador contra las empresas que dispusieron de un trato de favor para hacerse con el contrato de 58,2 millones.

La AVC concluyó que existió una «afección al interés público» y en julio pasado la sociedad pública Leioa Kirolak acordó «enterrar» el proyecto y no indemnizar a las adjudicatarias de las obras del polideportivo; el equipo de gobierno propuso al inicio pagarles 4,7 millones. Las empresas, por cierto, tuvieron que pagar una sanción simbólica de 150.000 euros.

A Arruebarrena y Loizaga se les señaló en 2011 como «principales responsables» de que Arcain Ingeniería y Arquitectura SL -consultora contratada para evaluar las ofertas- entregase información privilegiada a la UTE conformada por Aros Estudio de Arquitectura SA y Excavaciones Viuda de Sainz SA. Se pidió a ambos su comparecencia en la ponencia pero, al igual que otros militantes jeltzales, no acudieron a declarar.

Ayer, EH Bildu manifestó que la «ley del silencio» impuesta por el PNV, con la no asistencia de sus cargos políticos a las citaciones realizadas, muestra «su nulo compromiso con la transparecencia» y «una gran falta de respeto al pueblo de Leioa que exige explicaciones». En las propias recomendaciones de la ponencia se pide al Pleno que censure la actitud de los responsables municipales de las dos últimas legislaturas que se negaron a comparecer.

En el extremo contrario, y así se destaca, está la «colaboración desinteresada» del director de Instalaciones Deportivas, Luis Ángel Gómez, a pesar -desveló EH Bildu- de «las presiones que ha sufrido a lo largo de este proceso» desde que era gerente de Leioa Kirolak. Para la coalición, que ya ha anunciado que votará en el pleno a favor de las conclusiones acordadas, el dictamen se queda corto pero reconocen que es «un documento de mínimos» en el que han coincidido con PSE y PP.

Elaborar un código ético

De tal magnitud ha sido el escándalo del «caso Pinosolo» que la comisión de investigación propone que el Consistorio acuerde elaborar y aprobar un código ético y de buenas prácticas de los responsables políticos, «por el que se garanticen al máximo los principios de transparencia y control en todas las actuaciones vinculadas con la contratación y gestión pública».

Otra propuesta que no es baladí, es planear que en los «proyectos de entidad» que se acuerden en el Ayuntamiento se tenga en cuenta de forma activa a la Oficina Técnica tanto en fase de proyecto como de adjudicación y ejecución de la obra. Ello supone acabar con una práctica impuesta por el PNV en la institución local de apartar a los técnicos municipales para subcontratar las tareas de asesoría técnica a empresas externas, como es el caso de Arcain. Esta firma precisamente está detrás de la mayor parte de los proyectos adjudicados en los últimos años en Leioa.