El presidente de EEUU, Barack Obama, respondió ayer a millones de inmigrantes en situación irregular que esperaban una acción ejecutiva que frenase su deportación a falta de la aprobación de una reforma migratoria en el Congreso, que controlan los republicanos, opuestos a esta medida. Sus medidas evitarán así que unos cinco millones de personas sean enviadas por la fuerza de vuelta a a sus países de origen los próximos tres años y priorizará la deportación de quienes tengan antecedentes criminales o hayan llegado a EEUU recientemente. Se trata de la mayor actuación en este sentido desde la que decretó en 1986 Ronald Reagan, que permitió obtener la residencia a casi tres millones de personas, y luego la ciudadanía.

En un breve discurso desde la Casa Blanca, Obama anunció la firma de un paquete de leyes que beneficiarán con permisos de trabajo legales a cinco de los 11,3 millones de inmigrantes «sin papeles», según los cálculos del Gobierno, después de criticar al Congreso por no aprobar una reforma migratoria y pedir a la oposición republicana que no responda forzando una nueva parálisis administrativa del Gobierno federal ni con el bloqueo de otras iniciativas en el Legislativo.

Pero insistió en que es necesario un marco legislativo aprobado por el Congreso para lograr una solución integral y permanente a la situación de los once millones de inmigrantes en situación irregular que viven en EEUU.

El presidente Obama subrayó que pretende beneficiar a quienes trabajen, estudien, paguen impuestos o pongan negocios y señaló que su paquete de medidas unilaterales «regulariza» a más de cinco millones de inmigrantes, la mayoría padres con hijos que son ciudadanos estadounidenses o tienen residencia permanente en el país. Estos evitarán la amenaza de la deportación por tres años y obtendrán permisos de trabajo, aunque para ello deberán demostrar que su hijo nació antes del anuncio de Obama y que llevan en el país al menos cinco años, así como verificar sus antecedentes y pagar una serie de tasas.

La reforma también flexibiliza los criterios para el programa Acción Diferida par los Llegados en la Niñez (DACA, por sus siglas en inglés), que ya ha evitado la deportación de más de 580.000 jóvenes y ofrece un permiso de trabajo de dos años para adultos jóvenes de entre 15 y 30 años que hayan sido llevados a EEUU en forma ilegal durante su niñez.

Un «trato»

Obama explicó que «esperamos que la gente que vive en este país siga las normas (...) Por eso vamos a ofrecerles el siguiente trato: si has vivido aquí más de cinco años, si tienes hijos que son ciudadanos o residentes legales, si no tienes antecedentes penales y estás dispuesto a pagar tus impuestos, puedes solicitar quedarte en este país temporalmente y salir de las sombras».

La reforma «tampoco garantiza la ciudadanía, o el derecho a quedarse permanentemente, ni ofrece las mismas ayudas y subsidios que reciben los ciudadanos, solo el Congreso puede hacer eso», precisó Obama, quien subrayó que «lo que estamos diciendo es que no os vamos a deportar».

El presidente, que en reiteradas ocasiones criminalizó a la población migrante y en su discurso señaló que en los últimos años la deportación de criminales ha llegado a un 80%, aclaró que quienes han llegado a EEUU después de enero de 2010 y los que lo hagan de forma irregular en el futuro quedan fuera de su «trato». También se deportará a quienes tengan antecedentes y a los que representen una «amenaza para la seguridad nacional».

Además, se facilitará la regularización a los empresarios, para que puedan quedarse e invertir en el país, oportunidad que pierden los más de seis millones que no se verán beneficiados por esta iniciativa de Obama.

Asimismo, el Gobierno endurecerá las acciones para, supuestamente, «fortalecer la seguridad fronteriza», aumentando los recursos financieros destinados a ese fin para fortalecer a las agencias encargadas y evitar el flujo de los que entran de forma ilegal.

Según datos oficiales, cada año unos 200.000 «sin papeles» cruzan la frontera de México para llegar a EEUU. Unos 90 niños no acompañados lo hacen cada día, y en los últimos doce meses han sido detenidos más de 57.000 , especialmente procedentes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Consciente de las críticas que iba a recibir, defendió la «completa legalidad» de sus medidas. «Sé que algunos de los críticos de esta medida la llaman amnistía. No lo es. Amnistía -prosiguió- es el sistema migratorio que tenemos actualmente. Una amnistía masiva sería injusta y la deportación masiva sería a la vez imposible y contraria a nuestro carácter».

El anuncio de Obama obliga ahora a la oposición republicana, que ya evalúa posibles acciones para frenar la reforma, a calibrar su respuesta sin perder de vista que el voto latino será determinante en las elecciones de 2016.

El líder republicano en la Cámara de Representantes, John Boehner, afirmó que las medidas anunciadas fomentarán la inmigración ilegal y «sabotean» cualquier posibilidad de aprobar una reforma en el Congreso. A su juicio, «animarán a más personas a venir aquí ilegalmente y poner sus vidas en peligro».

Sabor «agridulce»

Aunque cinco millones de inmigrantes se sentían ayer por primera vez «libres», la medida les sabe «agridulce» a muchos otros millones que permanecerán en la sombra. Incluso los primeros temen que estas medidas les brinden una protección fugaz que otro mandatario pueda revertir, «lo que, significaría la deportación automática», por lo que prefieren seguir fuera de la vista de las autoridades hasta que llegue la solución y definitiva.

Grupos de defensa de los derechos civiles y humanos celebraron el anuncio aunque lamentaron que deje fuera a seis millones de personas y reclamaron al Congreso que cumpla su parte y apruebe la reforma integral. Mientras, los expertos consideran que son más las limitaciones que los beneficios de la medida que otorga un estatus temporal a cinco millones de inmigrantes.

«Es un caso en la dirección correcta, pero la acción aplazada no es estatus legal, simplemente es una prórroga de la deportación», señaló Cheryl Little, abogada y directora de Americans for Immigrant Justice.

Quienes pretendan acogerse al programa tendrán que entregar todos los documentos relevantes a las autoridades, incluyendo información sobre por cuánto tiempo han estado en el país, su fuente de ingresos y lugar de trabajo, por lo pueden tener miedo a hacerlo ante la posibilidad de que los deporten en el futuro si se acaba su estatus temporal, y a ser multados, explicó Mark Hugo López, del Centro Hispánico Pew. «Quién sabe quién será el próximo presidente y si puedan retirar esta protección», comentó.