El Consejo de Gobierno de la Diputación guipuzcoana ha interpuesto en el Juzgado de Azpeitia una querella criminal contra tres personas que firmaron la última certificación de obra del tramo Eskoriatza Iparra-Arrasate Iparra (Epelde) de la autopista AP-1. Se trata de un exresponsable de Bidegi y el de la empresa que llevó a cabo la dirección de obra y el de la firma contratista.

La institución foral informó ayer a través de una nota que, según los análisis efectuados por Bidegi, se pagaron 3,4 millones de euros por tareas que no se ejecutaron. Los acusados son el exresponsable de la sociedad pública que gestiona las infraestructuras viarias, así como el de Eptisa-Cinsa, encargada de la asistencia técnica; y el de la contratista del tramo, la UTE Laureana conformada por Dragados, Moyua, Obras Subterránea (OSSA) y Geotunel. La Diputación les imputa delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos.

La decisión de personarse en el juzgado se produjo después de analizar la documentación relacionada con ese tramo de la AP-1, en concreto con el depósito de tierras sobrantes de Basagoiti-2, al detectar que las liquidaciones abonadas en junio de 2011 por Bidegi y las cantidades contrastadas en la actualidad no coincidían. Ese proyecto viario, por cierto, ya fue fiscalizado por los tribunales de cuentas autonómico y estatal.

De la investigación del expediente se ha sabido, según explicó el actual Gobierno foral, que, en junio de 2011, una semana antes de la toma de posesión de los actuales responsables de la Diputación, los gestores del PNV abonaron 2 millones de euros de más por trabajos en varios tajos de excavación, otras 900.000 por la no disponibilidad del vertedero de Basagoiti-2 y otros 500.000 euros por una cantidad de tierra que no se depositó en ese lugar.

Tierras que no se depositaron

Las anomalías, explicó la Diputación guipuzcoana, se detectaron a raíz de que, al inicio de 2014, en las obras de la carretera GI-632, responsables y técnicos de Bidegi comenzaran a buscar una solución para los sobrantes de tierras de los trabajos de la autovía entre Antzuola y Bergara. Una de las soluciones que se barajó fue trasladarlas al depósito de Basagoiti-2.

Al analizar en febrero ese lugar, los técnicos observaron que había un volumen de tierras «mucho menor al esperado» y que se recogían en la documentación. En las mediciones de la relación valorada de la liquidación de junio de 2011 y en las certificaciones de fin de obra de los vertederos, la dirección de obra certificó que el depósito de Basagoiti estaba a punto de colmatarse, al encontrarse al 99,78% de su capacidad, cuando los primeros análisis tres años después lo desmentían.

Ante ello, la institución foral solicitó diversos informes para medir el volumen y capacidad actual del vertedero. «La última medición muestra que el volumen de tierras en Basagoiti-2 es mucho menor que el declarado en la liquidación», subraya.

Los técnicos calculan que, en vista de la liquidación por la que Bidegi pagó en junio de 2011, faltán más de 900.000 metros cúbicos de tierras; por lo que se pagó de más 532.754 euros. «El volumen de llenado alcanza la mitad», concluyen. Además, la Diputación informa que, aunque está vertiendo tierras sobrantes de la GI-632, Basagoiti-2 «se encuentra todavía lejos de su capacidad máxima.

También se encargaron por los responsables forales de Gipuzkoa estudios a empresas especializadas en levantamiento topográfico sobre las tierras que se extrajeron en las excavaciones. Según ese trabajo, se extrajo la mitad de las tierras por las que luego pagó Bidegi, con una cantidad que supera los 2 millones de euros.

Asimismo, según la Diputación, se ha constatado que era falso que se necesitaran más terrenos donde depositar las tierras de las obras, aduciendo que el vertedero de Basagoiti-2 no podía ser empleado. Gracias a esa maniobra en la gestión de los sobrantes, la sociedad pública que gestiona las infraestructuras viarias desembolsó hasta 900.000 euros de más, en vista de los cálculos técnicos.