Al anuncio de la Diputación de Gipuzkoa el viernes de que presentará en el Juzgado de Azpeitia una querella criminal contra tres personas por la supuesta apropiación de 3,4 millones de euros de Bidegi por trabajos que no se ejecutaron en la AP-1 pero que sí se cobraron, el candidato del PNV a diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, no respondió intentando aclarar lo sucedido en su mandato, sino situando la denuncia en las desavenencias internas que aseguró le constan en el seno de su rival político. «Tenemos informaciones de que existe tensión en la izquierda abertzale en torno al PNV, sobre todo en Gipuzkoa», afirmó.

De lo que pudo haber ocurrido en la sociedad pública que gestiona las carreteras guipuzcoanas cuando él era el máximo mandatario del territorio y también responsable de Bidegi, no declaró nada.

Ayer mismo, «Noticias de Gipuzkoa» y «El Diario Vasco» publicaban que el Tribunal de Cuentas Públicas del Estado español sobreseyó en mayo las irregularidades por presuntos sobrecostes en dichas obras que la Diputación de Gipuzkoa denunció públicamente -no en los juzgados, cabe aclarar-, una vez determinó que la contabilidad y las certificaciones coincidían. No obstante, el tribunal no entró a analizar qué se pago en esas liquidaciones, porque no es esa su función.

Olano se valió de esta investigación de control para censurar la inminente querella, afirmando que «aquello se estudió y se archivó». Sin embargo, lo que no contó el ex diputado general es que aquel caso del Tribunal de Cuentas, cuyo trabajo es fiscalizar presupuestos y detectar «ilícitos contables», y lo que ahora llevará a los tribunales el gobierno foral de EH Bildu, «un delito penal», «son dos cosas completamente diferentes», según confirmaron fuentes forales a GARA, que añadieron que «Olano, desde el momento en que ha sido un responsable político e institucional, lo sabe». El único punto en común de ambos casos es que se refieren al mismo tramo de obras de la carretera AP-1.

Lo que el Gobierno de Garitano denunciará, concretamente, es que se pagaron trabajos que no se realizaron por un valor de 3,4 millones de euros, no los sobrecostes, que cabe recordar de paso, fueron considerables: del 52% respecto al importe original adjudicado.

El PNV se siente señalado

La querella criminal será presentada contra un exresponsable de Bidegi y otros dos de sendas empresas (Eptisa-Cinsa, encargada de la asistencia técnica; y la UTE Laureana, contratista del tramo) por una presunta malversación de fondos públicos en las obras de la AP-1, concretamente en el tramo Eskoriatza Iparra-Arrasate Iparra.

Preguntado al respecto en Beasain, donde Olano presentó ayer su proyecto político como candidato del PNV a diputado general, admitió que ha sido «una sorpresa», pero lo achacó al «nerviosismo» de la izquierda abertzale de cara a los próximos comicios, ya que «pretende condicionar» las elecciones con «este episodio». En su opinión, existen «dos facciones» respecto a «cómo comportarse» ante la formación jelkide: «una de las dos tendencias de las facciones de la izquierda abertzale ha tomado el protagonismo, se ha fortalecido y ha tomado la decisión de llevar a cabo esta iniciativa», dijo, en un contexto «electoral» y de «división».

Las mismas fuentes forales censuran la actitud del PNV y recuerdan que «ha sido la Diputación de Gipuzkoa y no la izquierda abertzale» quien ha actuado porque «ha visto indicios de delito». Advierten que seguirán haciéndolo cada vez que detecten irregularidades.

Curiosamente, al anunciar la querella por el presunto delito, el Gobierno foral de EH Bildu no ha citado a ningún partido político, tampoco al PNV, ni a nadie de sus filas, pero la forma en que reaccionaron los jeltzales evidencia que se han dado por aludidos. La Diputación ha preferido, asimismo, no facilitar las identidades de las tres personas denunciadas.