La estrategia mantenida por el PNV para tratar de minimizar el impacto del escándalo de la información privilegiada que dispusieron algunas empresas para la adjudicación de las obras del frustrado polideportivo de Pinosolo, en Leioa, no ha dado los resultados apetecidos.

EH Bildu, PSE y PP sacaron adelante el jueves a la noche en el pleno municipal un dictamen que apunta directamente a dos militantes jelkides, el exalcalde Eneko Arruebarrena Elizondo y al ex concejal de Deportes Jon Loizaga Cayero, a quienes se reprueba y se atribuyen «claros indicios de corrupción política». A ambos se les considera «los principales responsables políticos de que a día de hoy Leioa no tenga un nuevo polideportivo, poniendo en peligro de forma temeraria la viabilidad económica del Ayuntamiento». Se esgrime un informe de viabilidad de 2008, que ya lo advertía y que el Gobierno municipal valiéndose de su mayoría obvió.

No sale bien parado el partido en el conjunto, ya que se censura que no solo no hayan colaborado en la ponencia de investigación creada en el Ayuntamiento sino que han puesto trabas. No acudieron los directamente aludidos en las conclusiones -a los que se invitó a exponer su opinión en repetidas ocasiones- pero tampoco otros cinco cargos públicos jeltzales, entre los que se encontraba la actual alcaldesa, María Carmen Urbieta González, y tampoco quien es director foral de Deportes, Iñaki Mugika Usobiaga, que pudieran haber rebatido la acusación de la oposición de que la instalación deportiva proyectada -que iba a costar 58 millones de euros- estaba «claramente sobredimensionada teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos» de Leioa.

No se pasa por alto que, al incoar la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) un expediente sancionador contra las empresas que se beneficiaron de información privilegiada para adjudicarse el proyecto, Arruebarrena no actuase, lo que entienden que iba en contra de los intereses públicos.

En una rueda de prensa ofrecida ayer, EH Bildu subrayó que la investigación ha permitido constatar a través de datos, documentos y declaraciones que el Consistorio «no fue engañado» por Aros y Arcain para «amañar» el concurso, «sino que existió una connivencia entre Eneko Arruebarrena y Jon Loizaga con estas empresas antes de convocar el concurso».

Según declaraciones del funcionario municipal Luis Ángel Gómez, director de Instalaciones Deportivas, Aros y Pujol Arquitectura asistían a viajes organizados por el Ayuntamiento para diseñar lo que sería el futuro polideportivo. Además, Loizaga fue asesorado por Pujol Arquitectura (socia de Aros) sobre las características que debía tener el nuevo polideportivo.

La AVC sancionó en mayo de 2013 a Aros y Arcain por amañar el proceso de licitación pública por 58 millones de euros.

Uno de los aspectos de mayor gravedad para el portavoz soberanista, Arkaitz Fullaondo, han sido las «amenazas, coacciones y presiones» de Loizaga sobre Gómez. Según declaró el funcionario, cuando denunció las irregularidades que había detectado, el entonces concejal de Deportes lo amenazó en su despacho para que «cerrase el pico», advirtiéndole de que le controlaba el teléfono y el correo electrónico.

Luis Angel Gómez puso en conocimiento del entonces alcalde Eneko Arruebarrena a través de un escrito estas amenazas. Sin embargo, Arruebarrena no lo ha apoyado en ningún momento.