Las Juntas Generales de Araba instaron ayer al Gobierno español a que detenga y extradite a Argentina a 19 imputados por crímenes cometidos durante la dictadura y la llamada transición. Entre los encausados por la juez María Servini figura Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en marzo de 1976, cuando tuvo lugar la carga policial que costó la vida a cinco trabajadores.

La Cámara foral también reprobó todas aquellas declaraciones que justifican lo ocurrido el 3 de marzo de 1976. A este respecto, cabe recordar que el mes pasado el parlamentario del PP Iñaki Oyarzábal señaló que lo ocurrido en Zaramaga fue resultado de un «exceso en una carga» en la que los policías utilizaron armas «para defenderse en un momento en que se vieron acorralados».

Los compañeros de filas de Oyarzábal, que días después rectificó y mostró su respaldo a las víctimas, votaron ayer en contra de la iniciativa, e hicieron hincapié en la prescripción de los delitos.

Los grupos de la oposición acusaron al PP de «manipular la historia», y le recordaron que los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados. «Moralmente estamos obligados a colaborar con la Justicia argentina», señaló el portavoz de EH Bildu, Gorka Ortiz de Guinea.

Martxoak 3 denunció la hipocresía del PP, que «muestra su solidaridad con las víctimas pero es incapaz de exigir que se depuren las responsabilidades».

«Retratos de memoria»

Por otro lado, el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández presentó ayer los «Retratos Municipales de la Memoria» de Gasteiz, Bilbao y Donostia, que recogen las vulneraciones del derecho a la vida producidas en las tres capitales entre 1960 y 2010. Estos cuadernillos permitirán promover el Mapa de la Memoria e impulsar el reconocimiento a las víctimas en el ámbito local.