Se define «de izquierdas» y rechaza ubicar a PSOE y PP en el mismo bloque. Pradas, integrante de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, defiende también su plan de reforma constitucional.

En los últimos tiempos el PSOE hace énfasis en una reforma constitucional. ¿Una respuesta ante la ola soberanista en Catalunya o el reconocimiento de que hay una crisis de régimen?

Ni una cosa ni la otra. Ya hace dos años y medio advertimos de que la Constitución podía haber quedado desfasada. Cuando se aprobó España no estaba en la UE, la economía no estaba globalizada ni se definieron las autonomías. A esto se le une la crisis económica, con el riesgo de que determinados gobiernos tengan la tengación de atacar derechos fundamentales que no están recogidos en la Constitución. También, la corrupción. El tema catalán es la gota que ha colmado el vaso. En lugar de tener un Gobierno que encauce ese debate a través de la reforma, se ha cerrado en banda. Lo que en inicio fue un malestar por una cuestión de financiación autonómica se ha convertido en una reivindicación de soberanía, muy bien decorada por parte de las fuerzas nacionalistas, pero que, al fin y acabo, enmarca un intento de que la ciudadanía vote la independencia.

También podrían votar «no».

Ellos no planteaban claramente si la sociedad catalana quería la independencia o no. Hablaban del derecho a decidir, un concepto engañoso. El derecho a decidir puede ser legal o no. Depende de lo que se quiera decidir.

¿Se puede sostener esa teoría ante ejemplos como el escocés?

Eso fue acordado con el Estado. En este caso, la Consitución no lo permite. El Congreso ya dijo que «no» en el caso del País Vasco y ha dicho que «no» en el catalán. Sobre la soberanía nacional no puede decidir una parte.

Con esa posición, PSOE y PP se hunden en Catalunya. ¿No hay respuestas más allá?

Proponemos una reforma constitucional. Avanzar hacia un modelo federal. En otros sitios se ha canalizado el malestar hacia otros partidos, o hacia la abstención, y ahí se ha canalizado hacia el independentismo.

La consulta evidenció un apoyo importante pese al veto del TC.

La gente ha sido libre de ir y no ha ocurrido lo que algunos esperaban, o querían, que hubiera policía o guardias civiles en la calle. Esto implica que muchos no le han dado validez, que quieren votar en una consulta que sea válida. Les ofrecemos dos consultas válidas: una reforma de la Constitución en la que votaríamos todos los españoles y, después, ratificar en su territorio el grado de autonomía. Y ahí votaría solamente, en este caso, la sociedad catalana.

Esto elimina la posibilidad de defender la independencia.

No es democrático.

¿No lo es?

Si no es desde un procedimiento democrático, no. Tiene que ser desde un procedimiento establecido legalmente.

Nuevamente nos lleva a la pregunta previa: ¿se puede explicar en términos democráticos que un proyecto esté vetado?

Forman parte de un Estado que tiene unas normas de juego que dicen que una parte no se puede segregar de la soberanía nacional. Con la Constitución que tenemos, y con la que nosotros defendemos, no podrá votar nunca una sociedad que se quiere separar. El nacionalismo catalán lo ha hecho muy bien, planteándolo en términos de «democracia sí, democracia, no». Las cosas no son tan simples.

Las reivindicaciones nacionales son una cara de lo que ha venido a denominarse «crisis del régimen de 1978». ¿Está de acuerdo con este diagnóstico?

Este sistema es lo mejor que he conocido. Hemos sido capaces de convivir estos 36 años en una condiciones que han llevado a este país a cotas de bienestar asimilables a cualquier país europeo, que era un sueño en los años 80. Muchas cosas han funcionado. Yo destacaría el Estado de Bienestar, que también es un punto débil en la Constitución. La UE nos obigó a adoptar una serie de medidas, entre ellas la reforma del artículo 135, que pretendía mandar el mensaje de que nosotros pagamos nuestras deudas. Eso, que en princpio era de buena fe, ha sido aprovechado por la derecha. Por eso, una de las cosas que planteamos es que hay que mandar un mensaje a los mercados, diciéndoles que el dinero que nos dan lo vamos a devolver, pero también tenemos que garantizar a los ciudadanos que sus servicios básicos van a estar en pie. Eso, que parece muy simple, ha sido puesto en cuarentena por el Gobierno del PP.

Europa ordenó modificar el artículo 135. ¿Podría ordenar una «gran coalición» con la que garantizar la estabilidad?

Desde luego, a nosotros no nos van a obligar. Estamos hablando de la decisión política de un partido soberano. Sabemos que es un tema recurrente, pero nunca se ha dado una gran coalición en España. PP y PSOE, casi siempre se han apoyado en partidos nacionalistas para consolidar sus mayorías. Sí que hemos llegado a acuerdos en materias como política internacional, defensa, antiterrorismo... pero «gran coalición» me suena más a titular que a otra cosa.

El exsecretario general del PSN, Roberto Jiménez, dijo en 2011 que no pactaría con UPN pero entró en su gobierno «por responsabilidad». ¿Veremos a Pedro Sánchez hacer lo mismo?

Estoy seguro de que no. Quien plantea eso no conoce al PSOE.

La irrupción de Podemos puede obligar al PSOE a elegir entre Mariano Rajoy o Pablo Iglesias.

Ese caso no se va a producir. La fuerza mayoritaria va a ser el PSOE y los que van a tener que decidir van a ser los demás. Igual es Podemos el que tiene que decidir si dejar gobernar al PSOE o al PP. Ellos ya están planteando cuestiones de la defensa de la socialdemocracia.

Si Pablo Iglesias fundó el PSOE, ¿Puede ser Pablo Iglesias el que lo haga desaparecer?

No creo. No le veo a la altura. Me llama la atención la arrogancia de los líderes de Podemos.

¿Tampoco cree que el PSOE esté en fase de «pasokización»?

No. Hemos parado la sangría de votos, estamos repuntando. Devolver la credibilidad es difícil. Especialmente, cuando no gobiernas. Nosotros tratamos de dar ejemplo en el partido y en la acción en Andalucía y Asturias.

«La cuestión de Navarra es aritmética: no somos mayoría»

Han transcurrido tres años desde el cese de ETA y el PP ha hecho del inmovilismo su política.

No hemos hecho bandera de que la declaración unilateral de ETA se consiguió en el período de Gobierno del PSOE, tanto en Euskadi como en España. Hemos sido prudentes. Uno de los grandes acuerdos que hemos mantenido con el PP es en materia antiterrorista. Aunque es verdad que los estilos no son los mismos. Nosotros, por ejemplo, creemos que en la época en la que gobernamos hubo una utilización de las víctimas contra la política antiterrorista del Ejecutivo. Hemos mantenido una posición más razonable y más de Estado. No vamos a cuestionar lo que el Gobierno esté haciendo. Sí que creemos que la oportunidad que nos da el llevar tres años de paz nos tiene que servir para una paz definitiva.

Habla de políticas de Estado. ¿El acercamiento de presos no sería una?

No sería capaz de decir. Primero tiene que haber una voluntad de arrepentimiento por parte de quienes en algún momento apoyaron el terrorismo. Tras ese ejercicio, creo que habría menos argumentos.

Desde Euskal Herria también se exige reconocer el daño causado por el Estado.

La ley debe aplicarse a todo el mundo. Cuando hay casos de fuerzas antiETA que han actuado con violencia, hay que actuar con la misma contundencia. Que la Justicia delimite dónde no ha habido una actuación correcta nos beneficia a todos, para poder tener la moral muy alta a la hora de exigir responsabilidades. La legalidad es para todo el mundo.

En Nafarroa llegaron a gobernar. Sin embargo, ahora les vaticinan hundirse al situarse en el bloque junto a UPN y PP y tras frustrar una moción de censura para echar del Ejecutivo a la derecha.

Es una cuestión puramente aritmética. Por desgracia, no somos fuerza mayoritaria. Si lo fuéramos, podríamos desarrollar nuestras políticas.