La compañía californiana Uber, que hace un mes presentaba en Bilbo el sistema que pone en contacto a conductores y usuarios mediante la aplicación de teléfono móvil UberPOP, sufría el pasado 9 de diciembre su primer contratiempo serio en el Estado español. El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid prohibía este sistema al considerar que sus conductores «carecen de autorización administrativa» para desarrollar la labor y que su actividad supone «competencia desleal».

En un auto contra el que no cabe recurso, el magistrado acordó así estimar las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi de forma previa a la interposición de una futura demanda contra la empresa.

El juez subraya que para la prestación del servicio con vehículo propio hay que ajustarse a la Ley de Ordenación de los Transportes, en cuyo artículo 42 se exige la necesidad de una autorización habilitante, bien por el Estado o por la comunidad autónoma, y que exige la obligatoriedad de tener licencia o autorización de transporte para contratar y facturar.

El juez justifica la adopción de esta medida «con la mayor brevedad posible» y sin escuchar a la empresa, por el «daño inmediato» que se está ocasionando a los taxistas y por el hecho de que está radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware.

La resolución judicial ha sido celebrada por las asociaciones de taxistas, que en las últimas semanas habían convocado múltiples movilizaciones de protesta. A su juicio, este sistema vulnera los derechos tanto de los usuarios como de los conductores que sí disponen de licencias para el transporte de pasajeros. A su juicio, las medidas cautelares acordadas por el juez suponen «un primer paso» para lograr que Uber definitivamente no opere en el Estado español.

La empresa afectada, sin embargo, ha ignorado el auto del juez y anuncia que continuará dando servicio al considerar que el sistema que ofrece «consiste en compartir los costes de propiedad del vehículo y ayudar a la gente a dejar sus coches particulares». Además, subraya los beneficios que suponen «los servicios de la economía colaborativa en un momento de alto desempleo».

Fuertes multas y cárcel

En el Estado francés, el Gobierno ha aprobado una ley para la regulación de la profesión del taxi y de los turismos con chófer que declara ilegal, a partir del 1 de enero de 2015, el servicio privado de transporte de pasajeros ofrecido a través de la aplicación UberPOP, según anunció el lunes el portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet. Además, la nueva normativa contempla fuertes multas para estas aplicaciones, que podrán llegar a los 300.000 euros e imponer una pena de dos años de cárcel.

«No solo es ilegal pagar por este servicio, sino que también existe un peligro real para el consumidor», añadió el portavoz del Ministerio al señalar que los conductores contactados a través de este tipo de aplicaciones no tienen un seguro adecuado.

Ante este anuncio, la empresa estadounidense ha presentado una queja ante la Comisión Europea -es la primera vez que plantea una queja a escala de la UE contra un Estado miembro-, al entender que «viola la legislación comunitaria».

La compañía cree que la normativa francesa incumple la directiva europea 98/34 sobre reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información porque establece «barreras técnicas al comercio» y duda de que París haya notificado la adopción de esta legislación a Bruselas, indicó la portavoz de Uber en Europa, Susanne Elias-Stulemeijer.

Las resoluciones adoptadas en estos dos estados no son las primeras que se dictan en Europa en contra de este sistema que opera ya en más de 200 ciudades de medio centenar de países. En abril, Bélgica fue el primer país en prohibirlo por no cumplir las leyes que regulan los servicios de taxi. Por su parte, la Justicia holandesa ha prohibido recientemente esta práctica y ha advertido a Uber de que si no cierra la aplicación UberPOP podría imponerle multas de hasta 100.000 euros.

En Gran Bretaña e Irlanda, por el contrario, Uber opera bajo el amparo de los respectivos organismos reguladores del transporte público o taxi. Y en Austria, para evitar problemas, el sistema es utilizado por servicios de limusinas y personas con licencia de transporte de pasajeros, no particulares.