El juez Castro sienta en el banquillo a la hermana del rey español
La infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales en un proceso sin precedentes en el Estado español que juzgará un caso de corrupción que viene sacudiendo los cimientos de la monarquía desde 2010. Será juzgada junto a su marido y el exsocio de este, acusados ambos de haber malversado 6,1 millones de dinero público en el marco de un caso que se convirtió en uno de los paradigmas de la corrupción y causó indignación en un país hundido.
El magistrado dictó juicio oral «contra 17 personas, entre ellas la infanta Cristina, como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda pública» por algo más de 300.000 euros cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, informó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en un comunicado. Castro también impuso a la infanta el pago de 2,6 millones de euros como fianza para asegurar sus responsabilidades pecuniarias.
La defensa de la Infanta, el abogado Miquel Roca, tras asegurar que Cristina se encuentra «mal y sorprendida por la resolución», anunció que van a recurrir, pese a que se trate de una decisión en firme.
Su decisión concluye una larga instrucción que comenzó a mediados de 2010, como ramificación de otro caso de corrupción, cuando empezó a indagar sobre el Instituto Noos, una entidad sin ánimo de lucro presidida entre 2004 y 2006 por Urdangarin. El juez sospechaba que Urdangarin, de 46 años y exmedallista olímpico de balonmano convertido en hombre de negocios, podría haber malversado junto a su exsocio Diego Torres 6,1 millones de euros de dinero público, por medio de esa empresa que recibió numerosos contratos públicos. La indignación causada por el caso aumentó cuando en 2013 el juez imputó a la infanta porque colaboró «activamente» con su marido al utilizar con fines personales una parte del dinero malversado, mediante una «empresa pantalla», Aizoon, propiedad de los dos esposos al 50% y subcontratada por Noos. Entre esos gastos personales, el juez mencionó «un curso de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar cuya conexión con las actividades de Aizoon se antoja harto difícil».
La decisión del juez Castro llega apenas dos días antes de que el rey Felipe VI pronuncie su primer discurso de Navidad (mañana día 24). La Justicia deberá fijar ahora la fecha para el juicio oral, que según algunos medios tendrá lugar en Palma de Mallorca en la segunda mitad de 2015.
La Casa Real dijo respetar «la independencia del poder judicial», tras conocerse la decisión del juez José Castro.
Maniobras palaciegas para salvar los muebles de la monarquía
La implicación de la infanta contribuyó a socavar la popularidad de la monarquía española, que se encontraba en sus horas más bajas tras salir a la luz la impresentable cacería de elefantes del rey Juan Carlos en Botswana en 2012 en un momento álgido de la crisis económica en el Estado, causando tal indignación que el monarca llegó a pedir perdón públicamente en un gesto sin precedentes.
Desde el momento de su imputación, la infanta fue apartada de las actividades de la Casa Real. Oficialmente no forma parte de la familia real desde la subida al trono de Felipe VI en junio, quien, según la prensa española, estaría intentando convencerla de que renuncie a sus derechos dinásticos como sexta en la línea de sucesión al trono.
Imputada inicialmente por un delito de blanqueo de capitales, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca redujo los cargos a los delitos fiscales por los que será juzgada y que han sido pedidos por el sindicato Manos Limpias, que actúa como acusación popular. Este sindicato se ha quedado como único acusador de la infanta, en contra de la opinión de la defensa de Cristina, de la abogacía del Estado y del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, contrarios a que fuera juzgada. «Si no llega a ser por la acción popular, no se hubiera producido la imputación», señaló a France Presse Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, entidad presentada como una organización de extrema derecha y que suele personarse como acusación en todos los casos por corrupción.
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