Un total de 3.846 contratos de duración determinada se han convertido en contratos indefinidos durante este año en la CAV, mientras que en Nafarroa la cifra ha sido de 1.437. Sin embargo, ha habido un descenso del 21,3% y del 15%, respectivamente, desde 2011. Son datos facilitados por la empresa de gestión de recursos humanos Randstad después de un análisis en todo el Estado español.

En el caso de la CAV, las cifras de este año se dividen en 1.824 contratos temporales convertidos a indefinidos en Gipuzkoa; 1.258 en Bizkaia; y 764 en Araba. Además, el nivel de conversiones ha aumentado un 6,2% respecto a 2013, lo que se traduce en 223 contratos más.

Sin embargo, si se toman los últimos cuatro años como referencia, este evolución de contratos ha descendido un 21,3% en la CAV (1.041 conversiones menos). Gipuzkoa, Bizkaia y Araba han experimentado un descenso en el número de conversiones del 26,1, 21 y 7,6%, respectivamente.

Algo parecido ocurre en Nafarroa, donde se ha visto un aumento del 12,7% con respecto a 2013. Sin embargo, también ha disminuido, en su caso un 15%, desde el año 2011.

Según Randstad, la CAV y Nafarroa, junto con Asturias, son los territorios con menor conversión en comparación con los datos registrados desde 2011.

En el ámbito estatal, más de 118.000 contratos se han convertido en indefinidos durante este año, lo que supone un aumento del 11,8% con respecto a 2013. Del total de los contratos convertidos a indefinidos, el 37% se realizaron a hombres con jornada completa; en total, 43.489. En mujeres, este porcentaje desciende hasta el 21%, con 24.952. Destaca que en las trabajadoras los contratos de jornada parcial convertidos en indefinidos son mayores que los de la completa -la cifra global es de 26.943, lo que supone un 22,7% del total-. Por su parte, en los hombres este tipo de jornada supone un 15% del total.

Agencias privadas de colocación

Por otro lado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Bilbo ha suspendido cautelarmente la aplicación en la CAV de la resolución de la Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), del pasado 17 de julio de 2014, en la que se establecen los requisitos de contratación con las agencias privadas de colocación de empleo que se encargarán, a partir de ahora, de intermediar en la inserción laboral de las personas desempleadas.

El Gobierno de Lakua recurrió la resolución estatal porque la CAV tiene transferida desde 2010 la competencia en materia de políticas activas de empleo. Por ello, sostiene que cualquier decisión relativa a la mediación entre empresas empleadoras y personas desempleadas «le compete» a Lanbide.

El Departamento de Administración Pública y Justicia expresó ayer, en un comunicado, su deseo de que la decisión judicial final le dé la razón porque es «inadmisible» que el Gobierno estatal «pretenda usurpar, una vez más, funciones que no le corresponden, complicando los flujos financieros públicos, confundiendo a la ciudadanía, y generando ineficiencias en el servicio».

En concreto, el recurso del Gobierno de Lakua denunciaba que el SEPE incluyese a la CAV entre las autonomías en las que estas agencias podrán actuar, «ninguneando» la transferencia de 2010 en materia de Políticas Activas de Empleo.