El comercio, entendido como intercambio, como reparto equitativo de productos, habilidades y creatividad entre pueblos con cultura y ecología diferentes, es algo bueno y necesario. El problema llega cuando más que un intercambio de bienes y conocimientos se convierte en algo que elimina las salvaguardas sociales o medioambientales en la búsqueda de los beneficios corporativos. Así, el llamado comercio libre, el desregulado comercio sin control, se convierte en un sistema de control de los poderosos que promueve los intereses específicos de una minoría. La democracia se mercantiliza, la política pierde margen de maniobra, y solo responde a los accionistas, a los privilegios que demandan los inversores, a las compensaciones que buscan quienes provocaron la crisis económica.

El Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) es presentado por sus defensores ante el mundo como una oportunidad única de crear un mercado integrado de 800 millones de consumidores. A más comercio libre y competitivo, más riqueza, más innovación, más crecimiento y prosperidad. Incluso, afirman sus apologetas, que allá donde el comercio florece cesan las guerras, callan las armas. Resulta curioso que esos mismos son los que hacen de las sanciones comerciales un arma de guerra global que lo mismo vale para asfixiar a Cuba durante más de medio siglo que para desestabilizar a Rusia y ahuyentar las perspectivas de una mayor integración eurasiática.

EEUU y la Unión Europea son dos bloques transatlánticos en declive, cada vez más envejecidos, que miran con preocupación a los países emergentes del este asiático, especialmente a China e India, que pueden sobrepasarlos en términos de crecimiento, ingresos e innovación, y quién sabe si algún día también en capacidades de fuerza militar. El TTIP quiere ser una respuesta a ese horizonte, pretende crear un bloque común entre dos polos que vienen a menos, un gigantesco mercado de inversión y consumo integrado que les siga permitiendo imponer las reglas del juego a las potencias recién llegadas al casino del comercio global.

Mientras se explotan las rivalidades entre potencias asiáticas como forma de contención, el TTIP se presenta con una finalidad geopolítica evidente: retrasar la transferencia del viejo poder hegemónico a los nuevos poderes emergentes.

Invasión de las corporaciones

Al margen de estas consideraciones geopolíticas, el problema más crítico que presenta el Tratado Trasatlántico es que abre las puertas a que el gobierno de las grandes corporaciones multinacionales se haga supranacional. Aunque cueste imaginarlo, las compañías transnacionales podrán demandar por daños y perjuicios a los gobiernos de los países y tendrán a su alcance compensaciones de dinero público porque su «expectativa de beneficio» no se haya cumplido por culpa, por ejemplo, de una decisión soberana de aumentar el salario mínimo. Aunque lo pudiera parecer, no es ciencia-ficción. La multinacional francesa Veolia, especializada en el abastecimiento y la gestión del agua, la gestión de residuos y los servicios energéticos y de transporte, ha llevado a Egipto ante los Tribunales internacionales de Arbitraje por haber decidido, al fragor de la llamada «Primavera egipcia», aumentar en 31 euros el salario mínimo.

EL TTIP incrementará la extorsión legalizada, el ataque corporativo a los fondos públicos. Los tribunales de arbitraje, que no rinden cuentas ante ningún electorado y que están compuestos por abogados que lo mismo hacen de jueces que presentan cargos contra los gobiernos en nombre de las corporaciones, tendrán el poder de hacer pagar más a los contribuyentes para compensar expectativas de beneficio no colmadas. Decisiones sobre la salud, las finanzas y otras políticas públicas pueden ser motivo de demanda ante estos tribunales extrajudiciales. La soberanía popular, el margen de maniobra de los Gobiernos en temas de energía o control del movimiento de capitales, del volumen, la naturaleza y el origen de los productos financieros, será prácticamente nula.

Dicho en otras palabras, la palabra regulación desaparecerá del diccionario. El sentido de la política caminará hacia la irrelevancia y la capacidad de acción de los gobiernos se reducirá al sometimiento de sus servicios públicos frente a las fuerzas del mercado, a la eliminación, reducción o prevención de todo tipo de barreras internas que obstaculizan a las corporaciones transnacionales.

Ataque encubierto a la Democracia

Dicen los japoneses que la única garantía de que una estrategia -de negociación o de otro tipo- tenga éxito es que esta sea secreta. Las negociaciones en curso sobre el TTIP siguen ese mismo patrón. En nombre de la discreción y la confidencialidad para que la negociación no fracase, los representantes públicos, las autoridades locales, regionales o estatales solo tendrán la posibilidad de revisar de cabo a rabo sus políticas para poder satisfacer el apetito del sector privado sobre las esferas sobre las que aún no tiene un control y una dominación completa.

Paralelamente, dos de las organizaciones empresariales más grandes del mundo -la Cámara de Comercio de EEUU y BusinessEurope- han conseguido que en las negociaciones sobre el TTIP los principales accionistas de los gigantes industriales en ambos lados del Atlántico se sienten en la mesa para, esencialmente, redactar conjuntamente las regulaciones. Directamente pasan a ser coguionistas de un ambicioso plan que, más que rebajar la legislación existente, tiene como objetivo escribirla directamente a imagen y semejanza de sus intereses.

Bancos, aseguradoras, sociedades financieras, grandes corporaciones del petróleo, minería y gas, gigantes de la alimentación o del transporte, con ayuda de abogados especializados en inversiones, se han lanzado a preparar el terreno. La protección de las «expectativas legítimas» de los inversores, conocida con la cláusula del «trato justo y equitativo», ofrece de facto y de iure «un derecho específico» que es un potente instrumento para luchar contra cualquier cambio normativo que defienda el interés público. Incluso aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias y opciones democráticas.

Además se ha previsto para después de la aprobación oficial del TTIP articular un mecanismo de «cooperación reguladora permanente». Un eufemismo que en la práctica equivale a esquivar todo tipo de escrutinio público. A dejar a las corporaciones al volante de las decisiones públicas. A un aviso claro por su parte: «no hacer nada hasta que lo hayáis discutido con nosotros».